Nos encontramos a mediados de abril, de este cada vez más sorpresivo 2020. La noticia es que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (en su versión ampliada, donde participan Rusia y México) logró un acuerdo para recortar la producción en 9.7 millones de barriles diarios; buscando frenar la estrepitosa caída de los precios del petróleo y derivados. El corte, como es natural, poco pudo hacer para impulsar los precios de los hidrocarburos ante la todavía lejana certidumbre sobre la forma en que podrá reconstruirse la demanda perdida.
Las consecuencias inmediatas sobre las empresas de energía del Estado son previsibles. Por un lado, los costos de producción de Pemex de cada barril de petróleo son superiores a los precios de la mezcla mexicana de exportación (MME). Por esto, para enfrentar las esperadas pérdidas, se requiere que el apoyo presupuestal sea mayor al estimado.
Por otro lado, se espera una caída de la demanda eléctrica; y la posibilidad de que aumente la cartera vencida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se incrementa. En este escenario, la prioridad para México es contrarrestar los efectos de la pandemia sobre la salud pública; al mismo tiempo que se realizan acciones para acelerar la recuperación económica. De esta forma, resulta indispensable asegurar la subsistencia de las Pymes y MiPymes para salvar el 72% del empleo en el país.
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¿Cómo opera el sector energético para resolver los enormes retos que no teníamos previstos? Para responder, hay que recordar que la energía no es un fin en sí misma, sino un medio que contribuye a crear bienestar social. Esto se consigue detonando inversiones que permitirán sustituir inversión pública; para reorientar el gasto a la atención de la emergencia y crear condiciones de seguridad en el suministro de energía.
En las condiciones descritas, la participación del sector privado en energía debe entenderse como una opción para las finanzas públicas; a efectos de que éstas se concentren en atender la emergencia, y en brindar los apoyos que las Pymes y MiPymes requieren para su subsistencia. Recordemos que el marco legal vigente da cabida para todos en el sector energético.
Además, en el nuevo orden mundial post-COVID-19; es altamente probable que los esquemas tradicionales de suministro de energía se modifiquen drásticamente, a través de grandes plantas de generación y un elevado uso de hidrocarburos para el transporte humano. Así, se trata de tomar provecho del marco legal en materia energética para detonar nuevas formas de participación privada en el sector energético a efectos de crear juntos; Estado y particulares, condiciones de bienestar para todos los mexicanos.
