Por: Leonardo Velasco Ochoa
La abrupta caída en la demanda energética mundial ha expuesto las verdaderas prioridades de los gobiernos en turno, obligándolos a promover estrategias de reactivación que han sido objeto de arduo debate. No olvidemos que el libre mercado del mañana es consecuencia de las políticas públicas de hoy.
En este sentido, actualmente tenemos una excelente oportunidad para condicionar la reactivación económica a objetivos ambientales a largo plazo. Algunos países visionarios así lo han dispuesto, pero en México es claro que estamos avanzando en la dirección equivocada.
Si alguien me preguntara cómo el gobierno podría facilitar el acceso a las renovables, mi respuesta sería que erradicara subvenciones y prioridades en torno a combustibles fósiles. Igualmente, que diera plena certidumbre jurídica a los esquemas y disposiciones legales vigentes. Por último, pediría más transparencia y acceso a la información, como en el caso de las contribuciones del carbón al erario que nunca han sido expuestas con claridad.
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La administración actual tiene una fuerte inclinación hacia proyectos con fuentes contaminantes, lo cual en mi opinión es una contradicción a los mismos valores que promueve, como el bienestar social. ¿Por qué el nuevo gobierno no ha impulsado iniciativas desde las paraestatales en torno a las renovables? Estamos en tiempos en que empresas como BP, antes British Petroleum, y Equinor, antes Statoil, han decidido alterar sus nombres para erradicar la relación que venía implícita al sector petrolero. ¿Dónde están esas metas de desarrollo social y climático? ¿En qué momento perdimos la visión de ser líderes?
Durante la última década hemos creado valiosas iniciativas de ley para asegurar la transición hacia fuentes limpias. Perfectibles, pero un buen inicio. Pocos saben de la existencia de un fondo de ahorro a largo plazo proveniente de las actividades de extracción petrolera para prepararnos para la era post-petrolera, o del impuesto al carbono que se creó desde el 2014 con el objetivo de encausar recaudación en favor de metas ambientales.
Ambos instrumentos se plantearon para facilitar la transición hacia una economía con base en fuentes limpias. No obstante, el sector gubernamental parece más interesado en imponerse que en mejorar cualquier proyecto. Nadie osaría cuestionar la relevancia de asegurar una democracia representativa o erradicar la corrupción. Sin embargo, el peor mal en la opinión pública es caer en la hipérbole y declarar posturas absolutistas en torno a toda aseveración, y a consecuencia de ello estamos divididos.
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La inestabilidad inherente en los energéticos nos debiera obligar a replantear la estrategia de la presente administración. Hablar de reservas probadas, probables y posibles exhibe un conflicto de fondo en el sector petrolero: su carácter azaroso. Esto implica una perpetua exposición a la volatilidad que la ha caracterizado desde su advenimiento.
Por otro lado, debemos reconocer su gran virtud: su capacidad de almacenamiento. Por esto, si queremos tener una oportunidad de cambio real, debemos desarrollar alternativas de almacenamiento eléctrico. Así aumentaríamos la participación de renovables en la electrificación de varias actividades primarias que hoy están relegadas a combustibles fósiles.
Irremediablemente nuestras autoridades han fallado en el análisis costo-beneficio genuino y nos han comprometido a una apuesta sin probabilidad de éxito. Pronto habrá activos varados que, lejos de generar una soberanía energética, nos obligarán a depender de fuentes contaminantes en las siguientes décadas.
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Los objetivos para las energías limpias en la Ley de Transición Energética deben acompañarse de una estabilidad jurídica y mercantil; pero recientes cambios promulgados en favor de las paraestatales exhiben la falta de imparcialidad de la administración y falta de criterio en materia ambiental. El confinamiento nos ha sacado de nuestra vida ordinaria y nos ha dado la oportunidad de reflexionar.
Tras mi análisis, mi sugerencia al gobierno es que nos lleve más hacia países como Dinamarca o Alemania en materia energética, y menos como Venezuela o Arabia Saudita. Que evite polarizar la conversación de renovables contra no renovables. Si lo único que sabe capitalizar está ligado a los combustibles fósiles, entonces tenemos un gobierno retrógrado; y no habrá otra manera de enmarcarlo en nuestra historia política. La transición energética ya no es una cuestión de factibilidad técnica o viabilidad económica, sino de voluntad política.
Leonardo Gabriel Velasco Ochoa es Ingeniero Mecánico Electricista por el ITESM y cuenta con un máster en dirección de empresas por el IPADE. Actualmente es Presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF) y Director General de Energytec.
