La judicialización del sector energético: nadie gana, todos perdemos – Por Rosanety Barrios
La contraposición entre el modelo de competencia en materia energética contenido en la Constitución desde 2013 y la preferencia por el retorno de los monopolios estatales de la actual administración; han llevado a México a una situación tal, que ya poco parece importar la opinión de las autoridades en materia energética: las decisiones finales están siendo tomadas en otro poder, el Judicial.
Esta desafortunada historia (no quiero decir que considere desafortunadas las decisiones judiciales, el infortunio radica en lo que iré explicando a lo largo de esta columna); se detona con los cambios regulatorios implementados a lo largo de los dos primeros años de gobierno. Dichas modificaciones, de manera paulatina, han detenido totalmente la operación del andamiaje; diseñado para promover la participación de cualquier interesado en ofrecer bienes o servicios en materia energética dentro del territorio nacional; siempre que se cumplieran los requisitos establecidos para ello.
Fue necesario que los cambios regulatorios amenazaran la continuidad en la operación de infraestructura ya construida y operando; para que, de una manera legítima, se tomara la decisión colectiva de recurrir a procedimientos de último recurso: los amparos. Procesos que, en principio, han demostrado la debilidad jurídica de las decisiones tomadas desde el Poder Ejecutivo; al haberse conseguido suspensiones generalizadas.
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A estos hechos se suma la presencia de una controversia constitucional establecida por el regulador en materia de competencia, la cual está por resolverse al momento de escribir esta columna. Además, muy recientemente, se añaden las señales de un claro conflicto con Tratados Comerciales Internacionales.
Todo lo anterior nos lleva a una muy lamentable conclusión: la autoridad que está definiendo el alcance de la regulación y política energética; no es ya la emanada del Poder Ejecutivo sino del Poder Judicial. Con ello, México pierde capacidades técnicas y de decisión conformadas a lo largo de décadas. Además, termina cediendo ante los tribunales la conformación de criterios que debieron definirse en las instituciones creadas ex profeso en el marco legal vigente.
Cada sentencia emitida desde los tribunales, representa una camisa de fuerza permanente para el poder Ejecutivo, de manera independiente a quien sea el partido que lo represente. Este hecho termina por debilitar a las instituciones; lo que constituye una amenaza a nuestra democracia y al sostenimiento del estado de derecho. Es así como, independientemente de quien termine ganando los amparos; quien pierde con la judicialización del sector energético, somos todos los mexicanos.
La judicialización del sector energético: nadie gana, todos perdemos
