La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) rechazó la reciente petición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El Organo Regulador busca realizar cambios a las disposiciones para la emisión de permisos de generación bajo la modalidad de autoabasto sin presentar el análisis de impacto regulatorio (AIR).
La CRE había solicitado que el anteproyecto fuera aprobado sin analizar el impacto regulatorio, lo cual habría afectado intereses de particulares en la industria eléctrica.
El Organo Regulador presentó la solicitud sin y sin compartir un análisis de cómo afectará a la industria, en dado caso de ser aprobado.
En un documento dirigido al secretario ejecutivo de la CRE, Miguel Ángel Rincón, la Conamer informó que negó al organismo seguir el procedimiento sin presentar dicho requisito. Con esto, la CRE buscaba poner en vigor los cambios sin realizar el procedimiento completo contemplado en la ley.
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También plantea limitar la posibilidad de que permisionarios de autoabastecimiento y cogeneración den de alta a nuevos centros de carga como parte de la sociedad de autoabastecimiento respectiva; a sólo aquellos casos en los que se haya contemplado dicha posibilidad dentro de los planes de expansión presentados y aprobados por la CRE.
En respuesta, la Conamer solicta Miguel Angel Rincón Velázquz, Secretario Ejecutivo de la CRE, que se presente el requisito del AIR.
«Le informo la improcedencia a la solicitud de exención de presentación del AIR para el anteproyecto en comento; toda vez que el mismo genera costos de cumplimiento para los particulares», dice el documento firmado por Gilberto Lepe Sánchez, director de manifestaciones de impacto regulatorio de Conamer.
Después de realizar un análisis, la Conamer determinó que los cambios propuestos por la CRE restringen el derecho de las personas o compañías nuevas; no autorizadas previamente, a su inclusión en planes de expansión de los generadores que están bajo el esquema de autoabasto.
La CRE ahora deberá presentar a la Conamer el anteproyecto acompañado con el análisis de impacto; en el que justifique las nuevas obligaciones para los sujetos regulados, los nuevos trámites que deberán realizar, así como los costos y beneficios de la implementación.
