El método y sus instrumentos
Las disposiciones emitidas durante el mes pasado con relación a la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), buscan reorientar el funcionamiento del sector eléctrico; en términos políticos, económicos, legales e institucionales. Los objetivos son recuperar la capacidad regulatoria y de planeación del Estado; así como fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como actor fundamental del sector eléctrico.
El problema de fondo es político y económico. Desde que estaba en la oposición, el actual bloque hegemónico criticó las diversas modalidades que se impulsaron para propiciar la participación privada en la generación eléctrica. Ya como gobierno, ha hecho explícita su voluntad de que la participación pública en la generación sea de, al menos, el 54 por ciento.
Desde hace varios sexenios, la orientación de las políticas públicas en el sector eléctrico y, recientemente, la regulación asimétrica derivada de la Reforma Energética; generaron subsidios implícitos en el respaldo, interconexión y porteo, que han afectado las finanzas de la CFE. El gobierno intenta que los generadores privados cubran todos los costos originados por su acceso al sistema eléctrico del país.
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Por otro lado, en la implementación de la Reforma Energética, se dejó del lado una planeación adecuada para enfrentar los efectos operativos de las modificaciones institucionales y legales; derivadas de ella. Una consecuencia fue que, tras su aprobación, no se ha invertido lo suficiente en la red troncal de transmisión; con las consecuentes restricciones para el funcionamiento y expansión del SEN.
Ahora bien, en el sector eléctrico, la legislación secundaria de la reforma energética dejó poco margen de maniobra a las políticas públicas del gobierno. Desde el marco jurídico de este sector, se definieron cuestiones esenciales; como la separación vertical y horizontal de la CFE y la preponderancia del mercado en el impulso de las energías renovables. Es por ello que las contradicciones entre la orientación de la política eléctrica del gobierno y el diseño institucional heredado de la administración anterior, han tenido las repercusiones legales. Las cuales hemos observado con los amparos interpuestos por los operadores afectados por las disposiciones de la Sener y el Cenace.
Además, los compromisos internacionales pactados por el gobierno mexicano en materia de cambio climático y los contenidos en el marco del T-MEC para protección de las inversiones, acotan aun más el margen de maniobra gubernamental. Es el caso particular de los capítulos 13, 14, 22 y 28 del T-MEC, referentes a contratación pública, inversión, empresas propiedad del estado y practicas regulatorias.
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Las limitaciones jurídicas e institucionales que enfrenta la orientación de la política eléctrica del gobierno, serán más difíciles de sortear mientras no se tome la decisión de modificar la legislación secundaria en materia eléctrica; respetando los compromisos contractuales ya adquiridos.
El método y los instrumentos que el gobierno ha utilizado para alcanzar sus objetivos en materia eléctrica (legitimados por el voto popular), han abonado innecesariamente a un clima de encono. El cual, a su vez, ha dado lugar a que se construya una imagen de abandono de los compromisos de México en materia de lucha contra el cambio climático y el calentamiento global.
Es momento de entablar colectivamente un debate informado, franco y sereno; para enfrentar el reto de impulsar decididamente la transición energética, con una socialización adecuada de sus costos económicos, sociales y políticos.
