La industria energética enfrenta retos sin precedentes. Como nunca antes, el sector financiero deberá ser un aliado integral, no sólo como habilitador de créditos; sino como un escudo de financiamiento integral en caso de una nueva recaída de la economía mundial.
Ahora más que nunca, las firmas financieras deberán evolucionar para adaptarse con entereza a un entorno cada vez más complejo y desafiante. Dichas compañías deberán apalancar los proyectos de infraestructura con esquemas innovadores y transformarse con solvencia e integridad ante la contingencia.
Lo anterior adquiere mayor relevancia si tomamos en cuenta que en la primera semana de septiembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentará un plan de reactivación económica; el cual contempla el desarrollo de infraestructura, principalmente para el sector energético. Estas inversiones juegan un papel fundamental en la economía mexicana. Particularmente, las obras en energía son esenciales para el desarrollo y la autosuficiencia energética del país.
En este sentido, el Programa de Infraestructura para el Bienestar se enfocará en proyectos de alto impacto regional para impulsar el desarrollo y la productividad en el país. En conjunto, buscará reactivar la economía tras la crisis por el Covid-19.
Proyectos estratégicos
Serán 46 proyectos puntuales los que requerirán una inversión superior a 150,000 millones de pesos, estrictamente del sector privado. Los planes buscarán impulsar el desarrollo sostenible a partir de obras de energía eléctrica, gas y petróleo, así como potenciar los proyectos de la refinería en Dos Bocas; el Corredor del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Felipe Ángeles.
De esos proyectos, 21 están en preparación, 11 en proceso de evaluación, ocho en trámite de autorización y seis en ejecución. Estos últimos incluyen los desdoblamientos carreteros de Santa Catarina, en Nuevo León; Mitla Tehuantepec, que conectará Chiapas con la Ciudad de México; los ramales de RCO, que contemplan tres tramos de tráfico en el Occidente del país; y el viaducto Siervo de la Nación, en el Estado de México.
El plan también comprende las obras magnas de la presente administración: el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el desarrollo del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Asimismo, incluyen la modernización del aeropuerto de la Ciudad de México y la rehabilitación de las refinerías de Tula, Salamanca, Minatitlán, Salina Cruz, Madero y Cadereyta.
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Se estima que los proyectos requerirán una inversión inicial de 151,508 millones de pesos; desembolso que provendrá en su mayoría del sector privado.
En ese sentido, la participación de las firmas financieras jugará un rol esencial, porque el plan de infraestructura, lejos de ser una lista de proyectos de política pública, es un portafolio de proyectos de financiamiento. Al mismo tiempo, representa un salvavidas para la economía mexicana y, particularmente, para el sector energético y de la construcción, los cuales han sido de los más sacudidos por el impacto de la actual pandemia.
Las financieras, los brokers y aseguradoras deberán aumentar el apetito por el riesgo. Son el eslabón fuerte de los proyectos de infraestructura y, ante la nueva realidad, deberán evolucionar en tiempo real con la coyuntura y ajustarse a los cambios. Principalmente, deberán sostener las obras en caso de otro resquebrajamiento de la economía mundial por una nueva contingencia.
Esquemas innovadores e integrales, con pólizas y trajes hechos a la medida, coadyuvarán en el desarrollo de la infraestructura. Los nuevos instrumentos financieros deberán incluir una “garantía” para blindar los proyectos durante todo su desarrollo; una cláusula que ofrezca protección integral frente a los nuevos intangibles de la economía.
