La celeridad con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso implementar la Reforma Energética llevó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) a centrarse, durante un lapso prolongado, en la organización de las licitaciones y adjudicaciones de contratos de exploración y producción. En consecuencia, la CNH descuidó su crecimiento institucional en materia de gestión de los contratos otorgados; a pesar de que éste es un elemento crucial para maximizar la creación de valor de los hidrocarburos de la Nación y trasladar la renta petrolera al Estado.
Ahora bien, conforme a la Ley de Órganos Reguladores Coordinados, las resoluciones que emita; así como las acciones que emprenda la CNH, deben hacerse «de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal». La coyuntura política actual, generada por la decisión presidencial de suspender las rondas licitatorias; tal y como se anunció desde la campaña electoral de 2018, establece condiciones propicias para modificar el sendero institucional de la CNH.
El marco jurídico vigente otorga facultades a la Comisión derivadas de una concepción ideológica del sector de hidrocarburos. Ésta no es compatible con la visión del actual gobierno, que busca darle mayor protagonismo a Pemex. En este sentido, sería importante modificar la Ley de Hidrocarburos para que sea Pemex quien decida sus alianzas; conforme a los lineamientos que para tal efecto emita su Consejo de Administración, sin necesidad de que la CNH organice una licitación.
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También sería necesario modificar dicha ley para que el crudo, correspondiente al Estado mexicano en los contratos de producción compartida, sea comercializado por PMI en nombre del Estado. Por último, se debe retirar de la ley anteriormente mencionada la necesidad de que la CNH le dé una opinión favorable a la Secretaría de Energía (Sener) cuando ésta pretenda darle una asignación a Pemex; ya que ésta es una decisión de política pública y, por tanto, un órgano regulador no puede condicionarla y menos impedirla. Es el tipo de decisiones que son claramente responsabilidad de un gobierno surgido del sufragio popular.
En otro ámbito, es necesario modificar el marco jurídico para que la CNH pueda regular actividades de transporte y comercialización de hidrocarburos. Esto permitiría crear una regulación integral para maximizar el valor de los hidrocarburos; desde las reservas hasta el punto de venta final, así como una adecuada coordinación en la infraestructura común a diversos contratos.
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Por otro lado, en algunos temas como la perforación de pozos, la regulación se ha establecido con un nivel de detalle tal que el regulador termina siendo corresponsable de los resultados, con las implicaciones jurídicas que conlleva. Lo ideal es lograr un marco normativo que resguarde los riesgos en materia de actividad petrolera y le otorgue al Estado elementos para exigir su responsabilidad a los Contratistas. Lo anterior sin que ello implique generar barreras y obstáculos a la actividad petrolera.
Sería conveniente consolidar la normatividad emitida por la CNH y homologarla para que dé certidumbre, transparencia y predictibilidad a las actividades petroleras. Asimismo, el marco jurídico debe dejar claramente delineados los espacios de responsabilidad de los diversos órganos que regulan la dinámica sectorial petrolera. Así, la CNH podría iniciar una nueva etapa en su desarrollo y consolidación como un órgano regulador con una agenda coherente con la actual política petrolera.
Por: Fluvio Ruiz Alarcón
