Pemex en el Paquete Económico 2020: avances y omisiones
Por: Fluvio Ruiz
Como parte del Paquete Económico para 2020, enviado al Congreso por el Ejecutivo Federal, resulta muy positivo que se reforme la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH), para disminuir el Derecho de Utilidad Compartida (DUC), del 65% al 54%.
Esta reducción en la tasa del DUC tendría que ir acompañada, al menos, de una actualización de los límites de deducción del mismo; los cuales son inferiores a los establecidos con la reforma al régimen fiscal de Pemex del año 2005. Esta medida, junto con la restitución de la deducibilidad de los hidrocarburos de autoconsumo, darían a nuestra petrolera un mayor respiro en materia fiscal.
En el Paquete Económico se anuncian, también, inyecciones de dinero a Pemex, como la efectuada durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año; cuando se realizó una inyección de capital de 25,000 millones de pesos, a través de la Secretaría de Energía. Para el próximo año, se anuncian 86,000 millones de pesos.
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Dado el confiscatorio régimen fiscal que ha padecido Pemex durante décadas, estas cantidades serían más una devolución fiscal tardía, que una verdadera inyección de capital fresco. Tan solo en 2018, Pemex entregó al fisco 933,000 millones de pesos. Por otro lado, no olvidemos la deuda que mantiene el Estado con Pemex, derivada de las áreas que nuestra petrolera no retuvo en la Ronda Cero.
El Artículo Sexto Transitorio de la Reforma Constitucional en Materia Energética, de diciembre de 2013 establece que: en «caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo; y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a que hace mención este transitorio; se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, estas serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del ramo en materia de energía.»
Sin embargo, a la fecha, este mandato no se ha cumplido. Conforme a la estimación hecha por Pemex en 2015, el Estado le adeuda alrededor de 70,000 millones de pesos en términos nominales (un orden de magnitud parecido, en términos reales, a la inyección anunciada para 2020).
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En los Lineamientos que, conforme al sexto transitorio constitucional, emitió la Secretaría de Energía, en febrero de 2016, se pretendía que a Pemex sólo se le reconocieran las inversiones hechas en activos físicos; en las áreas solicitadas y no obtenidas en la Ronda Cero; lo que implicaría apenas unos 5,000 millones de pesos.
Para cumplir con el mandato constitucional, haría falta modificar la definición de «Áreas Consideradas», contenida en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Energía. Esto permitiría sustentar el apoyo financiero a Pemex, en un mandato constitucional que no cumplió el gobierno anterior.
El apoyo a Pemex es uno de los componentes fundamentales de la política económica del actual gobierno. Sin embargo, este esfuerzo presupuestal perderá eficacia, mientras la arquitectura institucional y las reglas derivadas de la reforma energética, contenidas en las diversas leyes; reglamentos y disposiciones regulatorias del sector, no se modifiquen. Esta es, sin duda, una asignatura pendiente.
