Uno de los objetivos más importantes en materia de políticas públicas del actual gobierno ha sido mantener, en términos reales, el precio de los combustibles. En realidad, los afanes de los sucesivos gobiernos por regular dichos precios, ha sido una constante en los últimos años.
En agosto de 2016, apenas a dos años de haberse aprobado la reforma energética, los precios de las gasolinas se congelaron por el resto del año. Lo anterior, debido a que en ese mes, se había llegado a su incremento máximo anual autorizado por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos respectiva. En esa ocasión, se utilizó como instrumento para congelar los precios un acuerdo de la Secretaría de Energía.
Hasta ahora, el gobierno del presidente López Obrador ha podido cumplir el compromiso de mantener precios moderados de los combustibles. Ello debido a que, en general, a lo largo de los últimos dos años, los precios internacionales han estado deprimidos. De igual forma, el componente del precio final al consumidor, por ajustes de calidad y costos de logística, es relativamente estable.
No olvidemos que el único mecanismo directo con el que cuenta el gobierno para contrarrestar los aumentos de precios internacionales es el “estímulo” al IEPS. Sin embargo, ese subsidio fiscal resultaría limitado frente a un incremento importante de los precios internacionales.
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La Ley de Hidrocarburos no prevé la posibilidad de regresar a un esquema de precios máximos establecidos por acuerdo de la Sener o la SHCP. Lo único que prevé es la posibilidad de programas de apoyos focalizados en el consumo básico de combustibles en zonas rurales y urbanas marginales (artículo 124).
El artículo 82 establece que los precios de las gasolinas y el diesel en expendios al público se determinarán conforme a las condiciones de mercado (precios internacionales). Para otros combustibles susceptibles de comercializarse en el mercado internacional, el precio también se determinará por las condiciones de mercado. Ello, siempre y cuando existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica.
En los últimos años, ante un fuerte incremento de los precios de referencia, se ha optado por sacrificar los ingresos del Estado por la vía de subsidiar el IEPS de los combustibles, fragilizando así a las finanzas públicas. Sin embargo, cuando este mecanismo se vuelve insuficiente, el gran perjudicado en sus finanzas es Pemex. Aunque ya no está obligado por Ley a garantizar el abasto de gasolinas, sería impensable que no lo hiciera en una situación extrema de precios externos mayores a los precios límite internos, aún sin que el Estado colectara los impuestos que la ley define.
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Como consecuencia, para garantizar el cumplimiento de este compromiso presidencial, sería necesario modificar la Ley de Hidrocarburos. Lo anterior, con el objetivo de prever la posibilidad de que el gobierno fije precios máximos por acuerdo de la Sener.
En sentido inverso, también se deberían establecer mecanismos para evitar que un desplome de los precios internacionales de los combustibles termine generando rentas extraordinarias; para los distribuidores sin que la eventual reducción de precios se refleje adecuadamente en los precios finales al consumidor.
En todo caso, vale la pena preguntarnos, ¿hasta dónde regular los precios al consumidor y cuál debe ser la fiscalidad óptima para distribuir equitativamente el costo de la seguridad energética del país?
