La reticencia- Por Fluvio Ruiz Alarcón
El pasado 22 de julio, reunido con los principales funcionarios del sector energético; el Presidente de la República hizo explícitos diecisiete objetivos de política energética y preguntó si eran realizables con el marco jurídico vigente. Exactamente dos meses después, en una reunión similar; se anunció que cualquier reforma al marco jurídico del sector se hará después de las elecciones federales de 2021.
Esta decisión del Ejecutivo Federal llama la atención porque, tanto en el objetivo general implícito en las diecisiete medidas (devolver al Estado su papel central en la gestión energética a través de sus empresas productivas); como en la revisión de cada uno de los diecisiete puntos, parecía evidente la necesidad de analizar; evaluar y modificar la arquitectura institucional, el marco jurídico y la dinámica sectorial derivados de la Reforma Energética.
Tomemos como botón de muestra el segundo de los diecisiete puntos que trascendieron como parte de un supuesto «memorándum» presidencial. Este punto establece como meta: «alcanzar la autosuficiencia energética en bien de nuestra soberanía nacional».
Tan solo un objetivo así de ambicioso requeriría reformar profundamente la reforma energética. Si por autosuficiencia energética se entiende la producción interna de todos los requerimientos energéticos del país; este punto por sí mismo es todo un programa de largo plazo. Y como tal, requiere una profunda revisión del modelo de desarrollo económico; y del papel del sector energético en ese modelo en el contexto de la transición energética.
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A partir de ahí, sería fundamental repensar el diseño institucional del sector y la importancia y formas de participación en él de las empresas del Estado. Además de la mejor organización de éstas para enfrentar el reto, el lugar de la inversión privada y las políticas industrial, ambiental, económica, fiscal y de desarrollo territorial; que den coherencia de conjunto a este vasto objetivo.
Incluso, si solo se aborda desde una perspectiva productivista o volumétrica, alcanzar la autosuficiencia en la producción de gas; refinados y petroquímicos, requiere de medidas regulatorias y fiscales de gran calado. Un elemento indispensable sería dotar a Pemex de la flexibilidad operativa necesaria para actuar dentro y fuera del país.
¿Cómo imaginar la autosuficiencia en gas natural, partiendo de una dependencia del 90% sin una estrategia nacional que provoque grandes cambios en el sector? ¿Cómo darle viabilidad y sustentabilidad al incremento de la capacidad de producción y al mejoramiento de la calidad de los productos del Sistema Nacional de Refinación; sin un debate serio sobre la fiscalidad social y ambientalmente óptima del consumo de combustibles?
Un objetivo como este requiere del papel activo del Estado; lo que va a contracorriente del lugar que le confiere, en general, la Reforma Energética. Ésta se sustentó en mecanismos de mercado, sin consideraciones geopolíticas y de seguridad nacional o energética.
Por ejemplo, en los eventuales yacimientos transfronterizos solo se considera como obligatoria una participación minoritaria de Pemex que no le garantiza ser el operador. Asimismo, la legislación establece que la comercialización del crudo correspondiente al Estado en los contratos de producción es objeto de una licitación; en vez de entregarle directamente esa responsabilidad a PMI.
¿Por qué un gobierno que le da tanta prioridad al sector energético no da el paso necesario para armonizar política y legislación energética? ¿Por qué la reticencia?
