Expansión de infraestructura para los hidrocarburos
Ciertamente, en el 2019 el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó que la capacidad de almacenamiento de petrolíferos en México ascendió 0.4% desde el 2000 al 2017. En el mismo periodo, la demanda interna de combustibles creció 42.3%. Ese año, las 73 Terminales de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Pemex contaban con capacidad para resguardar el equivalente a tres días del consumo nacional.
La falta de esa infraestructura se hizo evidente a principios de 2019; cuando el gobierno de México decidió combatir el robo de combustible mediante el cierre de ductos. Sin embargo, también mostró que los procesos e instalaciones existentes son poco eficientes.
Actualmente, diversas empresas desarrollan proyectos de infraestructura enfocados en ampliar la cadena nacional de suministro de gasolina. Sin embargo, varios de ellos han tenido retrasos debido a la pandemia, así como por la falta de permisos gubernamentales.
“México tiene muchas oportunidades en esos terrenos, porque no se tienen en todos los puntos del país y la distribución se necesita. Ciudades como Guadalajara o Monterrey no tienen una TAD cerca y eso ayudaría también a bajar los costos de transporte”. Opina Irene Hernández, socia líder de Oil & Gas en PwC. Para la especialista, la política energética del gobierno obliga al desarrollo de infraestructura para atender las necesidades internas y cumplir con el marco regulatorio vigente. Sin embargo, indica que la falta de recursos y garantías para los inversionistas generan retrasos en esos proyectos.
“Deberíamos preocuparnos porque el gobierno tenga una mayor infraestructura propia, pero no toda, porque es una inversión brutal y no hay dinero para hacerlo. En ese caso, si tienes la posibilidad de que alguien más lo haga, regúlalo. Con esas regulaciones, en momentos de emergencia ya sabes qué hacer. Pero lo tienes que regular, con reglas del juego claras para todos desde el principio”, considera.
¿Construir más?
México comenzó a edificar su infraestructura de transporte y almacenamiento en 1914. Este proceso fue interrumpido en el 2000 y se reactivó hasta el 2016, cuando el gobierno anunció su intención de asociarse con inversionistas privados para ampliar y acondicionar la infraestructura de almacenamiento existente. Juan Arellanes, coordinador del Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales (CAIRI), considera prioritario revisar los procesos y seguridad de la infraestructura existente antes de construir más.
“Yo pensaría antes en una política integral de protección de ductos, para que ya no haya huachicoleo. Si construyes más terminales sin terminar, con eso el problema no se resuelve. La construcción de más terminales va a ser muy cara y tampoco va a terminar por resolver el problema”.
Arellanes también destaca, que los criterios de política pública deben regir la construcción de nuevas instalaciones para garantizar la seguridad energética. En ese sentido, considera erróneo comparar la actual capacidad de almacenamiento y transporte de México con EE. UU. y Canadá, ambos países dependientes de sus importaciones de Medio Oriente.
Lee también: El Estado, Pemex y el mercado de combustibles
“Me preocupa que el gobierno no tenga la capacidad financiera para hacerlo y en el caso de que deba recurrir a inversiones de privados, ellos operarán con criterios de rentabilidad. Si no son criterios de seguridad los que rigen la construcción de infraestructura; se pueden abrir las puertas para la corrupción y la especulación”, afirma. Irene Hernández coincide en que los proyectos no deben quedar totalmente en control de privados. Pero reitera la importancia de que México pueda responder a la demanda del mercado interno en el corto plazo.
“La tendencia de México hacia la reconversión energética no la veo ni en 10 años, más por el golpe económico que nos dio la pandemia. Vamos a seguir necesitando la tecnología actual al menos por ese tiempo”, concluye
