La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) creada hace más de 10 años tiene, en términos generales, dos responsabilidades: por un lado, es el órgano regulador de las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en México. Así, regula tanto proyectos de Pemex -ya sea como asignatario o contratista- como de las demás empresas de energía que hoy operan en el país (73, de las cuales 38 son mexicanas). Por otro lado, es la representante del Estado Mexicano en dichos contratos, ese es el diseño constitucional en la materia.
El promedio de participación del Estado Mexicano en los 111 contratos hoy vigentes es de 74% y, claramente, es el socio mayoritario de los mismos. Es importante precisar que, aunque la CNH es la representante del Estado en estos contratos; los recursos recibidos con motivo de ellos (renta petrolera) son depositados y administrados por un fideicomiso público. Ésta está a cargo del Banco de México, institución independiente del gobierno por disposición constitucional.
La CNH es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal. Es preciso recordar que con la reforma Constitucional y el respectivo decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; se exploró la posibilidad de que tuviera la naturaleza jurídica de Órgano Constitucional Autónomo, como el Banco de México.
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No obstante, prefirieron mantenerla en el ámbito del Ejecutivo, dotando a los integrantes del órgano de gobierno (7 Comisionados) de una designación que compete a la Cámara de Senadores; tras la terna propuesta por el Presidente de la República. Este mecanismo de designación, aunado a la duración de 7 años en el cargo y el hecho de que; por disposición legal la CNH cuente con autonomía técnica, operativa y de gestión, apuntaron a lograr independencia frente al gobierno en turno.
Así pues, la CNH hoy tiene como misión regular de manera eficiente y confiable las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en México. De tal forma, busca propiciar la inversión y el crecimiento económico, por un lado; y por el otro, como representante del Estado Mexicano, socio mayoritario de estos proyectos; procurar que los mismos funcionen, caminen, cumplan las distintas etapas de la cadena de valor y, eventualmente, alcancen la etapa extractiva. Sólo así se cumple el mandato Constitucional que señala que estas actividades deben servir para que la Nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo.
Sobre estos y otros temas conexos, seguiremos el mes que entra.
