Las bandas delictivas están cada día mejor organizadas para la distribución ilegal de gas LP. Prueba de ello es que han creado, recientemente, al menos 10 pseudo-sindicatos para distribuir las 100 mil toneladas de gas LP que roban cada mes a Pemex. Gracias a eso operan con gran libertad y en el último año tuvieron un crecimiento exponencial. En conjunto han arrebatado un 25% del mercado a las empresas formales de ese sector en al menos 10 estados del país.
Actualidad de la distribución ilegal de gas LP
El total de combustible robado, equivalente al 14 por ciento de todo lo que distribuye Pemex en el país. Este combustible se comercializa principalmente en el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas; lo que representa el 25 por ciento del total que consume la población en esas entidades.
Desafortunadamente, todas esas ventas las perdió el sector energético en 2020, ahora le generan grandes ingresos a la delincuencia. El sector se encuentra en la incertidumbre total, enfrentando un duro golpe a sus finanzas; así como constantes amenazas y robos por parte de las bandas de «gaschicol».
Para sus actividades usan “grupos de choque» con los cuales extorsionan a los distribuidores de gas, a cambio de protección en su zona. No obstante, secuestran a los operadores de las pipas y finalmente, las roban, para disfrazarlas más tarde como si fueran propiedad de una empresa “formal”.
Por otra parte, también la delincuencia organizada acondiciona estaciones de servicio y plantas de distribución clandestinas. Estas instalaciones se encuentran en lugares cercanos a zonas densamente pobladas y distribuyen el producto en tanques portátiles para vender casa por casa. Una vez que tienen el control de la región, los delincuentes imponen sus condiciones en todos los eslabones del proceso comercial, incluido el consumidor final.
¿Qué se puede hacer para combatir este problema?
Dada nuestra experiencia, sabemos que esta distribución ilegal de gas LP no sólo reside en quien roba la mercancía, sino también en quien adquiere el gas a precios muy por debajo del mercado. Por eso no basta con contar con un socio de seguridad privada de calidad y protocolos de seguridad funcionales; sino que también se debe trabajar en denunciar a quien adquiere el gas y a los mencionados sindicatos.
En este caso, los distribuidores no autorizados (tanto legales como irregulares) lo venden directamente en los hogares y negocios. Esto se puede saber porque sus precios de venta siempre son menores que los del mercado. En algunos otros casos, es sabido que las personas que compran gas robado, trabajaron previamente en la compañía que sufrió el robo.
Por eso insistimos en el tema de reclutamiento y selección de personal. Esto permite identificar mejor a la persona que contrataremos para reducir estas incidencias y combatir estos delitos. El año pasado le costaron al sector más de 30,000 millones de pesos.
Además, es importante establecer procedimientos de almacenamiento y distribución seguros. Sobre todo en conjunto con un servicio de seguridad privada profesional que le brinde asesoría al respecto; y que disponga de elementos de seguridad experimentados y capacitados para ejecutar protocolos preventivos y reactivos ante posibles extorsiones y robo de unidades.
