Retos del financiamiento para el desarrollo de infraestructura -· Paola Sánchez
En el contexto actual de la economía internacional; el crecimiento económico se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19. Por ello, el financiamiento para el desarrollo de la infraestructura se enfrenta a dos principales retos. El primero, uno de los más relevantes para México y Latinoamérica, se trata de evitar o de reducir los márgenes de riesgo, que derivan de la corrupción; y de la discrecionalidad política para la asignación de recursos.
El segundo reto tiene que ver con los proyectos a los cuales van dirigidos las inversiones; que integren visiones de sostenibilidad. Además, con énfasis en el desarrollo tanto económico, el social y el ambiental. Es decir, que busquen la adaptabilidad y la resiliencia de la infraestructura; en las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por ello, una de las estrategias más importantes debe de ser la planificación a largo plazo.
Estos dos retos son bastante relevantes para el caso de México; un país está rezagado en la Inversión pública en infraestructura; frente a sus pares latinoamericanos. Además, según los datos de INFRALATAM; desde el 2016 ha presentado una tendencia a la baja de este tipo de inversiones; mientras que la inversión privada ha incrementado su participación.
Considerando esas circunstancias y la afectación económica, producida por la emergencia del COVID-19; el Gobierno de México anunció el Acuerdo para la Reactivación Económica. En este documento se contemplan 39 proyectos en sectores estratégicos de infraestructura; tales como Comunicaciones y Transportes y Energía; también de Agua y Medio Ambiente.
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En su conjunto estos proyectos se traducen en inversiones acumuladas de $297mil 344 millones de pesos (mdp). Ante esto, el Consejo Coordinador Empresarial se comprometió a promover las inversiones; así como “financiar proyectos de infraestructura pública; donde la aportación privada deberá ser de al menos el 50% del costo total”.
En este sentido, las alianzas entre entidades públicas y privadas, poseen gran potencial de generar contratos de largo plazo. Esto con el fin de financiar proyectos de bienes o de servicios públicos; con activos de capital privado.
Lo anterior abre la puerta a muchas oportunidades. Sobre todo para la construcción y para el rescate de activos en infraestructura; los cuales pueden volver a colocarse en funcionamiento. Esto siempre y cuando aseguren estrategias de responsabilidad social y ambiental.
“En 2016 se reportaban 8 contratos que iban desde rehabilitaciones de carreteras, hasta la construcción de autopistas”; según observaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. Posteriormente, “para 2019, se reportaron 12 contratos tipo APP; los cuales en conjunto suman un monto de inversión total de 21 mil 647 mdp”. ·
Esta tendencia arroja luz sobre las capacidades de las asociaciones en sectores estratégicos; pues permiten la planificación de proyectos con visiones integrales de largo plazo. Además, integran miras a encaminar; no sólo los proyectos de nación, sino también la estabilidad en las inversiones privadas. ·
Ahora más que nunca, la adaptabilidad ante los entornos complejos; se vuelve una de las máximas prioridades del financiamiento para el desarrollo de infraestructura. Por lo cual, caminos como la infraestructura verde se pueden explorar para motivar las soluciones en la innovación, la sostenibilidad y; por supuesto, la reactivación económica de nuestro país.
