Fitch Ratings estimó que el sector eléctrico mexicano requerirá recursos por 10,000 millones de pesos cada año en los próximos 15 años.
Desde la perspectiva la agencia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no cuenta con los recursos para enfrentar por sí misma esas inversiones. Adicionalmente, advirtió que la incertidumbre jurídica por lo cambios a la ley por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahuyentará la inversión privada.
De acuerdo con la calificadora, si bien los proyectos privados de energía están protegidos contra las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) hasta que se resuelva la última medida cautelar, los tribunales inferiores tendrán discrecionalidad individual para resolver las medidas cautelares.
Para la agencia, esto puede dar lugar a opiniones divergentes con respecto a la exigibilidad de las enmiendas. Como resultado, la inseguridad jurídica disminuirá la inversión futura en el sector eléctrico.
Fitch Ratings comentó que en caso de que la CFE requiera apoyo federal, se podrían debilitar las métricas crediticias de la empresa en el corto plazo.
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“Fitch espera que los nuevos proyectos de energía continúen enfrentando vientos en contra al intentar obtener permisos. También es probable que aumente la volatilidad de los precios al contado. Debido a una inversión insuficiente en la expansión de la transmisión”, comentó la calificadora en un reporte.
Asimismo, la calificadora reiteró que la CFE por sí sola no puede respaldar la inversión total de México; ya que los altos requisitos de inversión sin el apoyo del gobierno podrían presionar su Perfil de Crédito Independiente (SCP).
“Esto ampliaría la brecha entre la calificación de la compañía y la calificación soberana de México. Un deterioro sostenido en el SCP de CFE podría cambiar la evaluación de Fitch del vínculo con la calificación soberana para reflejar retrasos en el apoyo proactivo del gobierno”, explicó.
Además, tras el revés a la reforma constitucional al sector eléctrico, la firma cree que se diluye parte del riesgo regulatorio; ya que las generadoras privadas podrán presentar recursos legales locales contra las reformas a la ley de la industria eléctrica; con un marco constitucional estable, aunque persiste la incertidumbre legal.
