El factor externo. Por: Fluvio Ruiz Alarcón
Las fricciones que provoca la orientación nacionalista de la política energética de la actual administración; combinadas con las expectativas creadas por el gobierno anterior y el diseño institucional y dinámica sectorial derivados de la reforma energética, comienzan a tener repercusiones en el plano de las relaciones internacionales de nuestro país.
En los primeros días de marzo, se supo que en la embajada de Estados Unidos, se habían reunido diplomáticos de ese país; Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia y España. Durante dicha reunión compartieron sus preocupaciones y posturas sobre la política energética del gobierno mexicano.
El hecho de que este evento trascendiera a la opinión pública, presagiaba que la presión internacional para contrarrestar la postura nacionalista del gobierno en el sector, iría en aumento. Además, con involucramiento creciente de parte de los gobiernos de los países de origen de varias de las empresas que se han instalado en México. Poco tiempo después de esta reunión, se dio a conocer que las representaciones diplomáticas de la Unión Europea y Canadá buscaron establecer algún tipo de interlocución con la Secretaría de Energía para exponer sus inquietudes.
En virtud de los compromisos adquiridos por nuestro país como parte del esfuerzo mundial contra el cambio climático, las medidas adoptadas por el Centro Nacional de Control de Energía y la Secretaría de Energía para garantizar la disponibilidad y confiabilidad del suministro de electricidad, volvieron a ser objeto de atención internacional. Lo anterior debido a que, al menos coyunturalmente, implican un freno al desarrollo esperado de las fuentes renovables de energía. Los amparos obtenidos por diversas empresas y asociaciones civiles; así como la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica en contra de estas medidas, han reforzado la visibilidad de este tema.
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Recientemente, la carta del American Petroleum Institute (API) solicitando la intervención del gobierno estadounidense ante el mexicano para frenar lo que considera actos de discriminación regulatoria contra varias de sus agremiadas; así como las declaraciones del embajador del mismo país cuestionando el clima existente para las inversiones extranjeras, son indicios de una futura agudización de las presiones internacionales para que el gobierno abandone o al menos matice la orientación de su política energética.
Las crecientes presiones provenientes del extranjero contra la política energética del gobierno, requieren de una sólida respuesta interna; la cual debe forjarse colectivamente y con la legitimidad social que solo da un debate amplio, franco, informado e incluyente. Esto con el objeto de hacer los cambios legislativos necesarios para dar soporte social y coherencia de conjunto a la arquitectura institucional; el marco jurídico y la política energética.
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El riesgo de no hacer esta reforma, es que las condiciones económicas nacionales e internacionales, así como las presiones políticas internas y externas, orillen al gobierno a una claudicación en sus políticas sectoriales; dejando intacto el andamiaje institucional y jurídico de la reforma energética. En esas condiciones, sería casi imposible conseguir el reiterado objetivo gubernamental de rescatar, fortalecer y darle sustentabilidad a las empresas productivas del estado.
Por lo contrario, se robustecería la posición de quienes buscan reducir la capacidad rectora del Estado y la presencia operativa de sus empresas en el sector energético. El resultado podría ser, sino una derrota histórica, al menos una oportunidad perdida para afianzar el interés público en el sector energético.
