La política energética y económica se ha convertido en uno de los componentes fundamentales del actual gobierno. A lo largo de la presente administración, las medidas tomadas en esta materia han provocado fricciones con el marco jurídico, las expectativas económicas y la dinámica sectorial heredados de la reforma energética. Estas fricciones empiezan a tener repercusiones en el plano de las relaciones internacionales, los compromisos globales y los tratados comerciales firmados por nuestro país.
Capítulo 8: Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los hidrocarburos
En ese contexto se inscriben las consultas en materia energética, iniciadas hace unos meses en el marco del TMEC, a solicitud de Canadá y, principalmente, Estado Unidos. Estas consultas se originaron en el hecho de que, si bien el capítulo 8 del tratado en cuestión, reconoce el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de México sobre sus hidrocarburos, así como “su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna”.
Esta potestad se encuentra acotada en el capítulo 32, cuyo artículo 32.11 señala que:
“Respecto a las obligaciones en el Capítulo 14 (Inversión), el Capítulo 15 (Comercio Transfronterizo de Servicios) y el Capítulo 22 (Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados), México se reserva el derecho de adoptar o mantener una medida con respecto a un sector o subsector para el cual México no haya tomado una reserva específica en sus Listas a los Anexos I, II y IV de este Tratado, solo en la medida en que sea compatible con las medidas menos restrictivas que México pueda adoptar o mantener conforme los términos de las reservas aplicables y las excepciones a obligaciones paralelas en otros tratados comerciales y de inversión que México ha ratificado, antes de la entrada en vigor de este Tratado, incluido el Acuerdo sobre la OMC, sin importar si esos otros tratados han entrado en vigor”.
Reformas a la Ley de la Industria Eléctrica
En ese sentido, los temas de las consultas con Estados Unidos tienen que ver con las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. Mediante las cuales el CENACE dará prioridad en el uso de las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esto se lo dará al despacho de centrales propiedad de organismos, entidades o empresas del Estado. También las que garantizan en primera instancia, contratos de electricidad que a consideración de Estados Unidos, solo la CFE puede celebrar. Así como las que establecen la facultad del CENACE para determinar la asignación y despacho de electricidad, basados en criterios considerados como amplios e imprecisos.
Asimismo, se reprocha la inactividad y los retrasos de las instancias responsables, tanto como la denegación y revocaciones a empresas privadas para operar en el mercado energético mexicano. Dos cuestionamientos adicionales de Estados Unidos (que no acompaña Canadá), son:
- El trato diferenciado a Pemex en materia de calidad del diésel.
- Las políticas de transporte y aprovisionamiento de gas natural.
De manera que el nuevo equipo que representará los intereses de nuestro país en estas consultas, estará sujeto a:
- El trilema de una ruptura en un sector clave de nuestras relaciones comerciales.
- La claudicación en un aspecto central de la política económica del gobierno.
- Una negociación que evite el arbitraje internacional y desemboque en acuerdos que disminuyan nuestra integración regional subordinada. Al tiempo que otorguen estabilidad, certeza y eficiencia de largo plazo en materia de política energética y económica.
Por: Fluvio Ruíz Alarcón
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