El Gobierno de México lanzó una llamativa invitación al sector privado: desarrollar 34 centrales eléctricas prioritarias con tecnologías renovables. La iniciativa forma parte de la estrategia energética bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación, abarca 23 plantas fotovoltaicas y 11 eólicas distribuidas en 20 entidades del país. Se espera que entren en operación entre 2027 y 2030.
En conjunto, estos proyectos sumarían 5,970 megawatts (MW) de capacidad instalada, apoyados por obras de refuerzo estimadas en 11,990 millones de pesos.
De acuerdo con el diseño del proyecto, los permisos para generación e interconexión se otorgarían bajo “atención prioritaria” por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), alineados con la planeación gubernamental del Sistema Eléctrico Nacional.
El proceso incluirá etapas desde la manifestación de interés hasta la evaluación técnica, con el monitoreo a través de la Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos del Sector Energético.
El periodo para el registro de manifestación de interés se desarrollará entre el 20 y el 24 de octubre, y la notificación de permisos aprobados está prevista para el 11 y 12 de diciembre de 2025.
Los interesados deberán cubrir los estudios de interconexión ante el CENACE, que varían entre 142,729 pesos y 4.1 millones de pesos, según la escala del proyecto.
Este anuncio se da en el contexto de la reforma energética impulsada por la administración de Sheinbaum. Quien en noviembre de 2024 modificó la Constitución para fortalecer el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero dejó espacio para la participación privada en generación eléctrica.
Bajo la nueva configuración, se busca que la CFE mantenga al menos 54% del mercado eléctrico, dejando el 46% restante para inversionistas privados.
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Durante la presentación, la secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que México proyecta atraer 7,000 millones de dólares en inversión privada para proyectos eléctricos hacia 2030, reforzando la necesidad de modernización del sistema energético.
Mientras los equipos técnicos se preparan para evaluar propuestas, la industria y los inversionistas observan con atención este intento de reactivar la cooperación público-privada en el sector eléctrico mexicano. Si se concreta bajo condiciones adecuadas, los 34 proyectos podrían transformar la infraestructura energética de México.
