México, uno de los países más atractivos para invertir en energías renovables en América Latina, tuvo un año de altibajos en materia verde. La nueva política federal y la incertidumbre regulatoria, aunadas a la crisis sanitaria global; desestimularon los proyectos y las inversiones en energías limpias durante gran parte del año.
La polarización entre el sector público y privado frenó el desarrollo de las energías renovables en México. El Gobierno Federal acusa que las administraciones anteriores desmantelaron a la Comisión Federal de Electricidad para entregar a particulares el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Los particulares, por su parte, resaltan que se han alineado con transparencia a la política energética del país para desarrollar; con transparencia y competitividad, proyectos verdes de generación eléctrica.
El punto de quiebre se originó en abril, cuando el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) emitió el Acuerdo para garantizar la ficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del SEN. Sin embargo, empeoró en mayo, cuando la Secretaría de Energía publicó la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad para el SEN.
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Los responsables de la política energética del país argumentaron que los acuerdos permitirían a la CFE “asegurar la confiabilidad del SEN ante la disminución de la demanda de energía eléctrica por la pandemia”. Lo anterior, debido a que las centrales eléctricas renovables intermitentes producen oscilación en el SEN y provocan interrupciones.
Para empresas privadas y organizaciones ambientalistas, tanto nacionales como internaciones, los acuerdos en referencia tenían el objetivo de restringir la participación de los particulares en la generación de energías limpias en el país. Dicha situación afectó principalmente a las empresas que en los últimos años habían invertido en el desarrollo de energías renovables y generación privada.
Desde entonces, el sector renovable del país se la pasó en manos de abogados, jueces y personas que manejan las relaciones gubernamentales de la industria con las instituciones. Como consecuencia, temas que deberían ser prioridad, como la generación de electricidad mediante tecnologías verdes, quedaron relegados.
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Empero, las expectativas lucen mejor para el siguiente año. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la suspensión de los acuerdos y Greenpeace México ganó amparos contra los mismos. Las sentencias, en concreto, eliminan el bloqueo a proyectos de energía renovable a cualquier escala.
Las decisiones judiciales, simultáneamente, abren nuevamente la puerta para que las energías renovables sigan siendo alternativas de inversión en el país. Además fomenta la contribución en la reducción de las emisiones contaminantes.
Las energías renovables como valor agregado podrían ser clave para apoyar la soberanía energética de México. Adicionalmente, podrían contribuir a satisfacer las necesidades de energía de la mayor parte de la población con recursos propios.
En resumen, los sectores público y privado deben ser pacientes y propositivos en la construcción de un nuevo modelo con base en las fuentes renovables. Adicionalmente, deben procurar la participación de la Empresa Productiva del Estado, en busca de un futuro energético, verde e integral.
