El Senado Federal brasileño aprobó la medida provisional que permite la privatización de Electrobras. La mayor eléctrica de Latinoamérica.
Es la empresa estatal brasileña responsable de cerca del 40% de la transmisión y el 30% de la generación de energía en el país.
El proyecto aprobado costará entre 40,000 y 66,000 millones de reales (unos 8,000 millones de dólares).
A las arcas públicas, según un grupo de 45 entidades de los sectores energético e industrial por la venta de la eléctrica.
Y las ganancias serían de 61,000 millones de reales (unos 12,000 millones de dólares).
Estas instituciones, que se han sumado al movimiento Unidos por la Energía, calculan que la factura de la luz del consumidor final aumentará en torno al 10%.
El gobierno de Jair Bolsonaro, a su vez, dice que la factura de la luz será más baja, pero no presentó datos para demostrar cuánto sería esta reducción.
Antes de los últimos cambios en la medida provisional, el cálculo era que la disminución sería de aproximadamente 7%.
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El proyecto sufrió una serie de modificaciones, muchas de ellas ajenas al tema original del texto de la venta de la eléctrica.
Así, la inclusión de lo que en el Congreso se denomina “jabuti” ha provocado una oleada de críticas, desde políticos hasta expertos.
Ahora el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, que tendrá que aprobarlo en un tiempo récord de cinco días.
La medida expira el 22 de junio, y si no se vota, no tendrá ninguna validez.
La luz verde del Senado pasó con un resultado de 42 votos a favor y 37 en contra.
A pesar de lo ajustado del resultado, fue una victoria para el Gobierno de Bolsonaro y para el ministerio de economía.
Entre los críticos de la medida, la valoración fue que el proyecto era medio liberal, medio intervencionista.
Al mismo tiempo que autoriza al Gobierno federal a reducir su participación en la empresa del 61% al 45% de las acciones, establece una especie de reserva de mercado para las centrales térmicas.
El texto aprobado el mes pasado por la Cámara ya había sufrido la resistencia del sector eléctrico; y de los representantes de los consumidores.
En el Senado la evaluación fue que hubo un retroceso aún mayor.
En la evaluación de los especialistas, los cambios demostraron una injerencia del Legislativo en un sector que depende de la planificación y está constantemente regulado.
