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Control de precios en las gasolina: anatomía de un acuerdo que pone a prueba al mercado mexicano

Control de precios en las gasolinas: anatomía de un acuerdo que pone a prueba al mercado mexicano

Control de precios en las gasolina: anatomía de un acuerdo que pone a prueba al mercado mexicano

Durante Convención Onexpo, se platicó con los representantes de la mesa directiva de la asociación más importante en México de los dueños de estaciones de servicio. Estos son los temas más relevantes de la conversación.

 

El nuevo techo de 24 $/l y sus primeros resultados

 

A siete semanas de la firma del acuerdo voluntario para contener el precio de la gasolina regular (Magna) –un pacto impulsado por la Presidencia y avalado por Onexpo– los números confirman su eficacia inicial: el precio promedio nacional se ubicó en 23,50 $/l, 0,50 $ por debajo del límite. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reporta que más del 90 % de las 13,500 estaciones de servicio del país ya cumple la medida. Los operadores más eficientes incluso ofrecen descuentos adicionales de 5 a 10 centavos por litro, aprovechando economías internas de escala.

 

Radiografía del margen gasolinero

El acuerdo se fraguó tras transparentar, línea por línea, la estructura de costos de una estación tipo:

  • 48 %: valor del producto (precio internacional de referencia + mezcla nacional).
  • 42 %: impuestos (IEPS e IVA).
  • 5 %: logística (transporte y terminales).
  • 5 %: margen bruto de la estación para cubrir costos y utilidad.

 

De este 5 %, los gastos operativos –nómina, electricidad, comisiones bancarias y refacciones importadas– consumen alrededor de 1.50 pesos por litro, dejando una utilidad neta que rara vez rebasa el 2 %. Mantenerse por debajo de 24 $/l sin sacrificar viabilidad financiera requería, por tanto, una reducción paralela en el precio terminal de Pemex; de lo contrario, el margen simplemente desaparecería.

 

Pemex como pivote y su efecto dominó

Con una cuota de mercado superior al 80 % en abasto mayorista, Pemex refinación ajustó precios en sus 77 terminales para viabilizar el pacto, aun a costa de ceder parte de su margen. Esa decisión obligó a las filiales de ExxonMobil, Repsol y otros importadores a seguir la misma ruta: hoy Mobil ya ofrece Magna a 23.99 $/l en la zona centro, y Repsol ajustó tarifas en Veracruz, por ejemplo. El riesgo latente es claro: si Pemex retira ese “subsidio interno”, el techo dejará de ser sostenible para el resto de la cadena.

 

Heterogeneidad logística: el talón de Aquiles

Transportar combustible desde terminal a estación añade entre 0.28 y 3.00 $/l, según la distancia y la disponibilidad de poliductos. En Ciudad de México el flete ronda los 0.30 $/l, mientras que en municipios serranos del sureste puede triplicarse. Ejemplos extremos:

  • Corredor aéreo Felipe Ángeles–Pachuca: estaciones en entronques logísticos venden a 24.30–24.40 $/l por los sobrecostos de última milla.
  • Frontera Sonora–Arizona: la diferencia con los precios de EE. UU. cayó de 5 a menos de 3 $/l tras los ajustes de terminal, beneficiando a 350 estaciones cercanas a Nogales y San Luis Río Colorado.

 

Estas brechas obligan a evaluar el pacto región por región cuando expire el piloto de seis meses el próximo agosto.

 

Variables exógenas: crudo y tipo de cambio

La mezcla mexicana descendió de 78 a 74 USD/b en el último trimestre. Este doble viento de cola ha permitido sostener el precio tope sin mayor tensión. Sin embargo, un repunte del Brent a 90 USD/b, o una devaluación, erosionaría de inmediato el colchón de 0.50 centavos de peso entre promedio real (23.50 pesos) y techo (24 pesos). De ocurrir, la autoridad deberá decidir entre recortar el IEPS –algo que Hacienda ha descartado– o renegociar el tope.

 

Impacto del combustible ilícito: un tercio del mercado

Onexpo calcula que uno de cada tres litros vendidos en México proviene de contrabando o robo de ductos. Tales volúmenes hunden artificialmente los precios hasta 21 $/l en zonas aisladas, imposibles de igualar por operadores formales. Las incautaciones recientes de la Agencia Nacional de Aduanas y la Fiscalía –incluida la detención de 22 carrotanques con diésel importado irregularmente en Altamira– han elevado entre 3 y 5 % las ventas legales por estación. No obstante, los expertos advierten que abatir el fenómeno exige controles volumétricos en tiempo real y un marcador químico fiscalizado por el SAT, similar al timbre foliar del sector alcoholero.

 

¿Una eventual bajada a 23 $/l?

En plena época electoral, la hipótesis de reducir otro peso el techo circula en Palacio Nacional. Para materializarla, Pemex debería ajustar todas sus terminales de nuevo; de lo contrario, la rentabilidad de las estaciones colapsaría –especialmente las que venden menos de 200,000 l/mes– y se intensificaría la migración hacia la marca Pemex, revirtiendo la apertura de 2017. El precedente es aleccionador: antes de la liberalización, Pemex operaba un esquema de precios zonificados que hoy la autoridad denomina “socialmente responsable”. Volver a él implicaría mayor carga fiscal para la petrolera estatal, que ya reportó pérdidas por 106,000 M MXN en 2024.

 

Premium fuera del radar, por ahora

La gasolina Premium mantiene una brecha de 3.00–3.50 $/l frente a la Magna; su demanda es apenas 15 % del total y se concentra en áreas urbanas de alto ingreso. La mesa de negociación no contempla incluirla en el tope, pues la elasticidad precio-volumen es menor y la carga fiscal por octanaje más alto encarecería cualquier subsidio implícito.

 

Competencia versus concentración

Un efecto colateral del acuerdo es la posible re-concentración del mercado en manos de Pemex. Algunas cadenas medianas –con permisos de importación adjudicados en 2018, pero sin infraestructura propia– admiten que volverán a comprar al suministrador estatal para garantizar precio. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) vigiló de cerca el fenómeno, consciente de que una regresión total disminuiría incentivos de inversión privada en terminales y ductos, estimados en 4,700 M USD para el periodo 2025-2030.

 

Lo que viene: seis meses para redefinir la hoja de ruta

Antes de agosto, Onexpo presentará al Ejecutivo una hoja de ruta regional con tres variables clave:

  1. Costo logístico promedio por estado y su desviación estándar.
  2. Participación de mercado de combustible ilícito tras los operativos.
  3. Volatilidad esperada de crudo y tipo de cambio para el segundo semestre de 2025.

 

Con base en ello, el pacto podrá renovarse, modificarse o desactivarse. Una opción intermedia es volver a precios zonales con bandas móviles: +/- 1 peso frente al índice de costos logísticos certificados por el SAT. Otra alternativa es migrar a un esquema indexado a la inflación energética, tal como sugieren analistas de la Cámara de Diputados para evitar distorsiones.

 

Un delicado equilibrio de seis variables

El techo de 24 $/l funciona porque converge, temporalmente, un crudo barato, un peso estable, la flexibilidad de Pemex y una vigilancia intensiva sobre combustible ilegal. Si cualquiera de estas piezas se desajusta, los 0.50 centavos de peso de colchón desaparecerán y el pacto será imposible de costear sin sacrificar competencia o rentabilidad. Optimizar eficiencia operativa (fletes, despachos, mix de pagos electrónicos), fortalecer trazabilidad de calidad y monitorear minuto a minuto las curvas de refinados en el Golfo de México. Solo así podrán absorber la próxima sacudida de volatilidad que, en un mercado globalizado y politizado, es cuestión de tiempo.

 

Te puede interesar: Inteligencia de mercado, regulación y tecnología: la agenda de Onexpo 2025

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