Generación Eléctrica

CFE fija postura frente Amcham sobre reforma

Corto circuito para CFE, reporta pérdida de 8,707 mdp

En relación con el posicionamiento de la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham) en el que arremete en contra de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE emitió su posicionamiento.

La CFE aclaró que la reforma elétrica no afecta acuerdos internacionales, ni el suministro eléctrico ni a la economía mexicana.

“Como bien se sabe, la reforma energética del sexenio pasado favoreció a las empresas privadas, desplazando y discriminando a la CFE; privilegiando indebidamente a los competidores, quienes recibían subsidios disfrazados de generadores privados”, aclaró la CFE.

Asimismo, la CFE reiteró que la reforma eléctrica no afectará a la recuperación económica, sino pondrá ‘piso parejo’ a todas las empresas del sector eléctrico; las cuales fueron beneficiadas con la reforma de Enrique Peña Nieto.

Del mismo modo, describió que con la reforma energética de Peña Nieto, la CFE estaba obligada a cumplir varios contratos desventajosos; como los impuestos en subastas para comprar a sus competidores la energía destinada al suministro básico.

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Por su parte, la AmCham señaló que la aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica limitaría la participación de empresas privadas; al tiempo que dañaría a los mexicanos y su relación con Estados Unidos y Canadá.

“De ser aprobada, afectaría a las familias e industria mexicanas por sus repercusiones medioambientales, económicas y de cumplimiento de compromisos internacionales; particularmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá”, expresó la AmCham.

Resaltaron que esta Reforma de ley también erosionaría la “confianza y certidumbre para la recuperación”; pues no respeta los esquemas regulatorios y contractuales de las inversiones a largo plazo.

Asimismo, señaló que contraviene los compromisos establecidos por México en el T-MEC; al eliminar los órganos reguladores coordinados en materia energética y el mercado eléctrico mayorista, pues se impondrían cuotas de mercado y cancelaría contratos privados.

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