Endesa e Iberdrola se plantean el cierre de dos centrales nucleares en España, según fuentes allegadas.
Existe un anteproyecto de Ley que pretende limitar los llamados windfall profits.
Las dos compañías tienen pendiente la renovación de las licencias de operación de dichas plantas nucleares. Y podrían dar un paso al frente y retirar su petición de ampliación de vida.
Lo anterior debido al riesgo que les supone tener que afrontar demandas de sus accionistas por administración desleal de su patrimonio.
Las empresas llevan acumuladas pérdidas millonarias con las centrales nucleares.
La regulación que se pone ahora sobre la mesa condenaría a las mismas a estar en pérdidas el resto de su vida operativa.
Un caso que desde el Foro Nuclear se asegura que es insostenible y que obliga al sector al cese de su actividad.
Cese de actividades
Por ese motivo, desde la organización, así como desde las principales compañías eléctricas, han planteado al gobierno que busque una solución.
Y que se siente a negociar, ya que sin las centrales nucleares el sistema no podría conseguir los objetivos marcados en el Plan nacional de energía.
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El director general del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha remitido a lo largo de los últimos meses varias cartas a la Secretaría de Estado de Energía.
Araluce insta al Ejecutivo a que revise las cuentas auditadas de las centrales en el registro mercantil.
Y añade que el Gobierno tiene ante sí todos los datos posibles. La organización explica que el inmovilizado pendiente de amortizar es superior a 5,500 millones; con más de 3,000 millones invertidos solo en los últimos 10 años.
Para justificarlo todavía más, el Foro Nuclear ha remitido al ministerio un informe elaborado por PwC.
Que explica que en 2020, y como consecuencia de los bajos precios de la electricidad, las centrales nucleares tuvieron un flujo de caja negativo.
La cifra fue de 500 millones y unas pérdidas superiores a los 1,000 millones.
Pese a estas pérdidas, el sector afrontó el pago de 700 millones en impuestos, así como la parte correspondiente a la tasa de Enresa.
Inseguridad jurídica
Según explica Araluce, la medida introduce una fuerte inseguridad jurídica, ya que el calendario de cierre se pactó en unas determinadas condiciones.
A la situación de las centrales que siguen pendientes de renovar sus licencias, se podrían sumar una batalla legal entre el Gobierno y las eléctricas.
Que según las previsiones de las empresas, acabaría forzando al Ejecutivo a buscar una solución financiera para estas plantas.
En estos momentos, las centrales nucleares pagan de inicio en impuestos alrededor de 22 euros/ MWh por producir electricidad.
Por ese motivo, el sector ha puesto sobre la mesa la petición de una retribución regulada que incluya un techo y un suelo para este tipo de instalaciones.
Según el informe que ha elaborado PwC, el precio aproximado para estas centrales rondaría entre los 56 y 59 euros/ MWh, incluyendo impuestos.
El Gobierno reconoce en el propio Anteproyecto de Ley que se han considerado otras alternativas propuestas desde distintos ámbitos de la sociedad civil y el mundo académico.
Como el establecimiento de una retribución regulada para estas instalaciones.
Sin embargo, estas vías de actuación se han descartado por su difícil encaje en la normativa de mercado interior y las dificultades operativas.
Estos comentarios, no obstante, resultan sorprendentes para el sector, ya que la medida planteada es un Anteproyecto de Ley.
Por lo tanto, su aplicación no es inmediata y requerirá del proceso de tramitación parlamentaria.
Además, recuerda el director del Foro, que la situación es perfectamente compatible con el mercado interior europeo. Que ya cuenta con ejemplos en funcionamiento como es el caso francés.
Además, en el medio y largo plazo es de esperar que los precios en el mercado mayorista tenderán a la baja gran parte de las horas del año.
Lo anterior debido a la gran penetración de energías renovables con costo variable tendente a cero; llevando al precio marginal a valores muy inferiores a los actuales para estas centrales.
