La Secretaría de Energía (Sener) instruyó a Petróleos Mexicanos, que cuenta con la Asignación Uchukil; y a Talos Energy, quien tiene el Contrato del Bloque 7; para que, de manera conjunta, en un plazo no mayor a ciento veinte días, presenten una propuesta de Acuerdo de Unificación del yacimiento compartido relacionado con el Campo Zama.
Los trabajos para determinar la existencia de un yacimiento compartido, que duraron poco más de cuatro meses; fueron encabezados por la Sener, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Hacienda, la cual emitió una opinión favorable. De acuerdo con la práctica usual en la industria petrolera; el rol de administrador lo asume quien tenga las mayores reservas. Esta acción dejó constancia de que, a pesar de la pandemia; las instituciones encargadas del sector energético redoblan esfuerzos para concretar el primer proyecto que será desarrollado entre Pemex y un ente privado.
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Ante la necesidad de contar con mayores ingresos fiscales para el Estado Mexicano; que le permitan hacer frente a los desafíos económicos y sociales generados por la pandemia, el diputado Martínez Aké presentó un punto de acuerdo. Publicado en la Gaceta del Senado de la República el pasado 20 de mayo. En el documento exhorta a Pemex y a Talos acelerar el proceso de unificación en los términos instruidos por la Sener.
Lo anterior permitirá que en 2024 se logre una producción de 160 mil barriles por día, equivalente a casi el diez por ciento de la producción actual del país. A los 300 millones de dólares invertidos por Talos para perforar cuatro pozos en su área contratada, la empresa sumará 14 mil millones de pesos de inversión para 2021. Además, se generarán más de 4 mil empleos directos. De acuerdo con tres auditores independientes, en dicha área se localiza el 60 por ciento de las reservas del yacimiento.
Igualmente, el Estado Mexicano recibirá en 2023 sobre el orden de 15 mil millones de pesos producto de regalías, utilidad operativa e impuestos. En los próximos 30 años, Talos aportará sobre el 70 por ciento de su utilidad operativa, sin riesgo ni costo para el Estado.
