¿Al amparo de Escazú, la refinería Dos Bocas cumpliría con los estándares mínimos de acceso a la información y participación pública en su evaluación?
A casi ya dos años de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, es tiempo de acelerar los esfuerzos que en materia de su implementación deben realizarse.
Si bien, la refinería de Dos Bocas cumplió con los requisitos establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, lo cierto es que dicho cumplimiento fue con la información mínima necesaria, por lo que su publicidad fue limitada.
Información físico-geográfica
No se trata de información tecnológica del proyecto o de seguridad nacional, sino de información físico-geográfica del Proyecto, las coordenadas geográficas o la huella del proyecto, fueron grandes ausentes en la Manifestación de Impacto Ambiental puesta a disposición del público, y el cuestionamiento es, cómo analizar, mesurar, discutir, argumentar, o hasta defender un proyecto en materia ambiental si se desconocen los elementos físico-ambientales básicos.
Así, es preciso enfatizar la urgencia de modificar el marco regulatorio actual que permita establecer las condiciones eficaces y eficientes de acceso a la información y participación pública. Debiendo por ejemplo diferenciar las actividades operativas que por su naturaleza están consideradas como de seguridad nacional. Pero que si bien, previo a su realización tal característica de “seguridad nacional” es inexistente. Por lo tanto, un polígono objeto de evaluación sea terrestre o marino no puede ser objeto de una restricción tal y como la que ocurrió que impida dar cumplimiento, ahora, a los estándares mínimos obligatorios del amparo de Escazú.
Acerca de María Cristina Hernández Calzada
María es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Y cuenta con una especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental por la FLACSO. Asimismo, tiene el grado de Maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental. Actualmente, se encuentra elaborando su tesis para obtener el grado de Doctora en Derecho por la Universidad Panamericana.
Es socia de V&A Ambiental y Social, S.C., firma en Derecho Socio Ambiental con más de 25 años de experiencia. Sus áreas de especialización son:
- implementación y manejo de proyectos (a nivel internacional, nacional y local);
- elaboración de estudios legislativos para organizaciones no gubernamentales. Como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo;
- ha participado en propuestas de legislación ambiental federal y estatal;
- proyectos turísticos, mineros, de infraestructura y energéticos.
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