La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) refrendó su compromiso de inversión en México; que hasta el momento, suma un monto de 16,000 millones de dólares.
AMEXHI coincide con el Gobierno de México en sus objetivos de asegurar la soberanía energética y el abasto de hidrocarburos en beneficio de la sociedad mexicana.
“Sostenemos que uno de los vehículos para lograr estas metas es la participación del sector privado nacional e internacional; mediante los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos de los que el Estado Mexicano es socio”, validó la asociación en un comunicado.
De acuerdo con Amexhi, la industria privada ha invertido casi 16,000 millones de dólares y se tiene un potencial de inversión de 41,000 millones de dólares para los siguientes años.
El organismo considera que la certidumbre en los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos derivados de las rondas de licitación protege la inversión comprometida en México.
Las inversiones han generado beneficios tangibles de 14,150 empleos directos (promedio anual del 2020), inversiones en fortalecimiento de proveedores nacionales por 2,550 millones de dólares al 2020.
Te puede interesar: Pemex aumenta producción en 2020 y rompe racha bajista de 15 años
Estas inversiones igualmente generaron ingresos para el Estado de alrededor de 5,200 millones de dólares al 2020; desarrollo social en por lo menos 120 localidades en el país y 10 descubrimientos de hidrocarburos entre 2017 y 2020.
El incremento de las reservas de hidrocarburos de la Nación 1P, 2P y 3P en 29%; 43% y 39% respectivamente por parte de contratos tan solo del 2019 al 2020, ha sido otro beneficio de las inversiones.
Al finalizar el 2020 la industria privada aportó 53,000 barriles diarios de petróleo y 212 millones de pies cúbicos diarios de gas.
“Todo ello fortalece la soberanía y la seguridad energética de México, ayudando a la economía del país”, destacó.
AMEXHI afirma que para proteger la inversión comprometida en México y para que los mexicanos obtengan el máximo beneficio de la actividad petrolera; el respeto al Estado de Derecho y un marco jurídico estable y predecible son fundamentales.
