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Competitividad y seguridad energética

CFE Transmisión avanza en 26 proyectos de infraestructura

El delicado equilibrio entre la competitividad y la seguridad energética – Por Rosío Vargas

El debate a partir de la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”; con carácter de preferente con fecha 29 de enero del 2021; presentada por Andrés Manuel López Obrador, ha suscitado todo un intenso debate.

La discusión en torno a la iniciativa ha evidenciado posiciones opuestas entre los actores con diferentes intereses y participación en el mercado eléctrico. Más allá de cualquier dicotomía polarizante; se trata en realidad de la confrontación de dos paradigmas o visiones respecto al manejo; operación y propiedad de la industria eléctrica
nacional.

Los paradigmas se corresponden con una lógica economicista por parte de las corporaciones eléctricas trasnacionales y nacionales; y con otra que privilegia el enfoque ingenieril de los expertos en la industria eléctrica. Este último sector lo representa principalmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener).

A fin de entender la situación actual de la CFE es importante tener como antecedente el legado de la Reforma Energética (RE) del 2012. Algunos de sus aspectos más importantes fueron recientemente puntos de partida en la opinión que emitió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el 12 de febrero del 2021, sobre la
iniciativa del ejecutivo para la industria eléctrica.

Este marco jurídico ha dado como resultado un franco debilitamiento de la CFE a partir de su desmantelamiento vertical y horizontal; bajo los términos de la “estricta separación legal” a lo largo de la cadena de producción. Ha sido resultado de un “acceso no indebidamente discriminatorio a terceros” a la red de transmisión y distribución de la CFE; y de un despacho que privilegia los menores costos variables en lugar de considerar los costos totales de cada forma de energía; y que tiene el objetivo de precios competitivos que no define la Cofece; además de un pretendido papel “neutral” para el Cenace y la CRE.

A lo anterior se suman calificativos que dejan ver sesgos relacionados con la CFE; a quien se intentaría favorecer “indebidamente” de modificar el despacho a la red con la iniciativa. En el fondo se trata de la confrontación de un diseño de mercado; frente a la visión de un operador de la industria eléctrica que intenta privilegiar la entrega
física y no la especulación financiera, disfrazada de “competencia”.

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Entre otras diferencias, la Cofece considera a las hidroeléctricas como “intermitentes” (peak load); pero soslaya el problema real que surge al no turbinarlas en México; punto de vista que termina favoreciendo a las plantas eólicas y solares al garantizarles el “acceso abierto y preferente a la red”. Con ello desestima el problema de confiabilidad
de la red alineándose con la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin resolver el problema de riesgo actual y futuro del Sistema Eléctrico Nacional.

La Cofece entiende el papel del Estado como garante del buen funcionamiento de la red para las empresas privadas. Por ello le exige establecer las condiciones que permitan la competencia a los inversionistas privados en la generación y el transporte; un papel en donde todo lo que no se traduzca en ventaja para estos últimos es
considerado como una barrera regulatoria.

Las críticas de la Cofece a la iniciativa que ahora no obliga a la CFE a participar en las subastas; es motivo de rechazo en la medida en que, desde su punto de vista, se pretende soslayar los mecanismos competitivos. De igual forma, se opone a la posibilidad de que la energía limpia manejada por la CFE pueda acceder al privilegio del
otorgamiento de CEL´s.

La Cofece, al desestimar la propuesta de la iniciativa para un manejo ordenado en el otorgamiento de permisos por parte de la CRE; menosprecia la necesidad de una planeación estratégica para el sistema eléctrico. Pero tampoco quiere ver que en una industria eléctrica no necesariamente es mejor que la oferta sea mucho mayor que la demanda; ya que no es Adam Smith sino Kirchhoff quien estableció las leyes sobre las que se basa la electricidad. De nuevo, lo único que le interesa es mantener la “certidumbre jurídica de las inversiones”.

Conclusión: al desechar la política de confiabilidad de la CFE y la Sener; la Cofece coloca al mercado y a sus inversionistas por encima de la seguridad nacional. Dada la magnitud de los problemas de la industria eléctrica y los riesgos que esto implica; este orden de prioridades debe modificarse.

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