Venezuela espera captar alrededor de 1,400 millones de dólares en nuevas inversiones petroleras durante este año, un monto superior a los 900 millones de dólares registrados en 2024, de acuerdo con declaraciones de la presidenta interina Delcy Rodríguez. El incremento estaría impulsado principalmente por acuerdos de producción compartida que actualmente se negocian entre el gobierno venezolano y distintas compañías petroleras, en el marco de una revisión integral de la legislación del sector.
El anuncio ocurre en un contexto internacional marcado por ajustes en la política de sanciones. A principios de este mes, el gobierno de Estados Unidos emitió licencias que permiten actividades petroleras limitadas en Venezuela. Dichas autorizaciones habilitan a empresas de servicios petroleros a suministrar equipos y brindar asistencia técnica para la producción y exportación de crudo, con pagos canalizados a través de mecanismos autorizados. No obstante, estas licencias no implican un levantamiento total de las sanciones, sino que permiten el avance de proyectos específicos bajo condiciones estrictas.
Washington busca con estas medidas abrir gradualmente la industria petrolera venezolana a actores externos, aunque el entusiasmo no es unánime. ExxonMobil manifestó cautela durante conversaciones con la administración Trump sobre un eventual retorno de las grandes petroleras estadounidenses al país sudamericano. Su director ejecutivo, Darren Woods, llegó a calificar a Venezuela como “invertible”, lo que generó reacciones políticas adversas. En contraste, Chevron ha señalado su disposición a ampliar sus operaciones en el país.
En el mediano y largo plazo, las perspectivas de producción también generan debate. La firma Enverus proyecta que la producción petrolera venezolana podría alcanzar 1.5 millones de barriles diarios en 2035, un aumento de 50% respecto a los niveles actuales. En un escenario más optimista, incluso podría duplicarse hasta 3 millones de barriles diarios, siempre que las condiciones del mercado global lo permitan.
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Sin embargo, persisten dudas sobre la viabilidad económica de explotar plenamente las vastas reservas del país. Analistas como Robert Rapier advierten que la extracción del crudo pesado de la Faja del Orinoco es costosa y requeriría inversiones significativas en modernización de infraestructura, lo que podría limitar la rentabilidad real de los proyectos.
