La administración del presidente Donald Trump anunció un cambio significativo en su política energética hacia Cuba, permitiendo que compañías energéticas estadounidenses y extranjeras vendan combustible y petróleo directamente a empresas privadas y ciudadanos cubanos, mientras mantiene intacto el bloqueo contra el gobierno y sus estructuras estatales.
Esta nueva orientación, impulsada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, busca aliviar la profunda crisis humanitaria y energética que atraviesa la isla caribeña sin fortalecer al régimen comunista de La Habana.
Según las directrices en preparación, las exportaciones de combustibles —incluidos gas y otros productos derivados del petróleo— podrán dirigirse a empresas privadas cubanas y a personas para uso personal o comercial bajo un esquema de excepción de licencias que no requerirá permisos específicos, siempre que no beneficie al gobierno ni a entidades afiliadas al Estado. Con ello, Washington pretende establecer un canal que apoye directamente al pueblo cubano, diferenciando entre el sector privado y las autoridades estatales.
La medida ocurre en un contexto de escasez crítica de combustible en Cuba, derivada de sanciones que han limitado el suministro de petróleo venezolano —tradicional aliado energético de la isla— y tensiones internacionales que incluso llevaron a la suspensión de envíos desde México. Las autoridades cubanas han enfrentado apagones, interrupciones en servicios esenciales y dificultades en el transporte público, lo que ha intensificado la preocupación por el bienestar de la población.
Aunque esta flexibilización representa un alivio parcial para ciertas transacciones comerciales, las políticas más amplias de presión contra el régimen cubano siguen vigentes. El bloque de sanciones continuará impidiendo que el Estado cubano acceda a combustible internacional, en línea con la estrategia de “máxima presión” estadounidense, que busca forzar cambios políticos y económicos en la isla.
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Expertos coinciden en que, si bien la apertura hacia el sector privado puede mitigar parcialmente la escasez, su impacto dependerá de la capacidad de las empresas cubanas para financiar y gestionar estas importaciones en un entorno de restricciones económicas y limitada infraestructura financiera. Además, analistas advierten que la solución al problema energético de Cuba podría requerir medidas más amplias que incluyan cooperación internacional y estrategias de desarrollo sostenible.
