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Tribunal niega amparo a Oro Negro; Pemex evita pagar indemnización millonaria

Tribunal niega amparo a Oro Negro; Pemex evita pagar indemnización millonaria

El 1 de septiembre de 2025, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió negar un amparo solicitado por Perforadora Oro Negro, con lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) no tendrá que pagar la indemnización reclamada por la compañía tras la cancelación de contratos en 2017.

 

Con este fallo se confirma la sentencia emitida el 2 de agosto de 2023 por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dejando sin efecto la pretensión de la empresa de obtener un resarcimiento millonario por la terminación anticipada de sus contratos.

Oro Negro, declarada en quiebra en junio de 2017, fue creada para rentar plataformas de perforación marina a Pemex a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP). Entre sus accionistas destaca Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien ocupó el cargo durante el sexenio de Vicente Fox. Gil White se encuentra prófugo, acusado de abuso de confianza y manejo indebido de recursos.

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La empresa buscaba con el amparo revertir la decisión de Pemex del 2 de octubre de 2017, cuando la petrolera canceló de manera anticipada contratos valuados en 852 millones de dólares más IVA, correspondientes a la renta, operación y mantenimiento de plataformas marinas.

El tribunal resolvió de forma unánime. Con el voto de los magistrados Alfredo Enrique Báez López, Ana María Ibarra Olguín y Yaremy Patricia Penagos Ruiz, esta última en funciones de magistrada y ponente del caso.

Entre los contratos en disputa destacaban:

  • Plataforma PRIM TODCO (2013): 174.3 millones de dólares.
  • Plataforma Laurus (2013): 206.6 millones.
  • Plataforma Fortius (2014): 243.6 millones.
  • Plataforma Decus (2014): 227.5 millones.

La resolución representa un alivio para Pemex y el erario público, al evitar el pago de una indemnización a una empresa en quiebra. Y confirmar la validez de la decisión de cancelar contratos en 2017. Una medida que en su momento generó polémica por su impacto en la industria de perforación.

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