El gobierno federal dio a conocer el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, una estrategia de largo plazo que contempla una inversión total de 5.6 billones de pesos a lo largo del sexenio, con el objetivo de detonar el crecimiento económico, generar empleo y fortalecer el bienestar social mediante la obra pública.
Durante la conferencia matutina, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que el monto total combinará recursos presupuestales con capital privado, a través de nuevos esquemas de inversión mixta. Para 2026, la meta es movilizar 722 mil millones de pesos adicionales a los cerca de 900 mil millones ya considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo que permitirá acelerar proyectos estratégicos sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.
El plan se construyó a partir del análisis de 1,500 proyectos de la administración pública federal y se articula en cuatro ejes: un Consejo de Planeación intersecretarial, nuevos vehículos de inversión con reglas claras, la actualización del marco normativo para agilizar contratos de asociación público-privada y la creación de una base de datos nacional de infraestructura accesible a inversionistas.
Uno de los pilares es el impulso a esquemas de inversión mixta, donde el Estado mantiene el control estratégico de los activos, pero comparte riesgos y beneficios con el sector privado. Este modelo permitirá apalancar recursos de entidades como Banobras, el Fondo Nacional de Infraestructura, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, así como de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
La inversión de 5.6 billones de pesos se concentrará en ocho sectores estratégicos. El sector energético absorberá el 54% del total, seguido por el desarrollo ferroviario con 16% y carreteras y autopistas con 14%. El resto se destinará a infraestructura hidráulica, telecomunicaciones, salud, educación y desarrollo urbano.
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Con este plan, el gobierno federal busca reactivar la economía mediante un programa masivo de infraestructura, con una visión que trasciende el crecimiento del PIB y vincula directamente la inversión pública con el bienestar social.
