El sector de expendio de combustibles en México ha dejado atrás la euforia de la apertura de 2013 para adentrarse en una fase de “competencia administrada”. Para el empresario gasolinero, el inversionista y el ingeniero experto, el periodo 2024-2026 no se define por la libre concurrencia, sino por la alineación estratégica con un Estado que ha retomado el control de la gobernanza energética.
La reconfiguración del mercado es profunda: ya no se trata solo de vender litros, sino de navegar una arquitectura regulatoria diseñada para fortalecer a las ahora denominadas “Empresas Públicas del Estado”.
El embudo regulatorio y el retorno de la hegemonía
La gobernanza del sector ha sufrido una centralización fáctica. En su momento, antes de integrarse a la Comisión Nacional de Energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), otrora árbitro técnico, ha operado bajo una lógica de contención. Las cifras son elocuentes: durante 2024 se aprobaron aproximadamente 310 nuevos permisos de expendio, una caída del 29.2% respecto al año anterior. Con un parque de 13,901 permisos vigentes al cierre de agosto de 2024, el ritmo de expansión es insuficiente para la demanda natural del mercado.
Este “silencio administrativo” no es una ineficiencia burocrática, sino una herramienta de política pública. La reforma constitucional que transformó a Pemex de “Empresa Productiva” a “Empresa Pública” elimina la obligación de competir en igualdad de circunstancias (“piso parejo”). Esto legaliza, en la práctica, ventajas operativas para la estatal, obligando a los privados a replantear sus modelos de negocio.
El resultado es tangible: la Franquicia
Pemex ha recuperado terreno, ostentando cerca del 49.8% de las estaciones, pero, dato crítico para el tomador de decisiones, controla alrededor del 80% del suministro mayorista. Franquicias: supervivencia a través de la infraestructura La estructura de las franquicias se ha polarizado.
Las marcas internacionales que apostaron únicamente por el “rebranding” (cambio de imagen) sin invertir en infraestructura logística se han visto forzadas a comprar la molécula a Pemex, convirtiéndose en revendedores con márgenes comprimidos.
En contraste, jugadores como ExxonMobil (con su marca Mobil) y Valero han logrado consolidar nichos de rentabilidad gracias a una estrategia de “fierros en el suelo”. Al controlar su propia logística de importación y almacenamiento (vía tren unitario y terminales privadas), Mobil opera cerca de 600 estaciones con independencia relativa. Sin embargo, para la mayoría de las más de 370 marcas presentes en el país, la dependencia del suministro estatal es casi total, dada la imposibilidad de obtener nuevos permisos de importación de largo plazo.
La distorsión del mercado: el factor ilícito
El mayor desafío operativo no es la competencia legal, sino el mercado negro. El llamado “huachicol fiscal” —la importación de combustibles declarados falsamente como aceites o lubricantes para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)— ha generado un daño al erario estimado en $22,843 millones de pesos solo en el arranque de 2024. Este fenómeno crea una competencia depredadora imposible de igualar para el empresario formal. Se estima que hasta el 30% del combustible que circula en el país podría tener un origen irregular. La respuesta del Estado ha sido la militarización de las aduanas y una fiscalización agresiva mediante laboratorios móviles, lo que, si bien necesario, ha ralentizado la logística de importación legítima.
El nuevo rol de las asociaciones y el cumplimiento técnico
En este entorno de alta presión, las asociaciones gremiales han mutado. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO) y la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) han adquirido un papel de gran relevancia, convirtiéndose en brazos técnicos de cumplimiento normativo. Su labor se centra hoy en la “diplomacia corporativa” y la implementación tecnológica de los Controles Volumétricos exigidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con la amenaza de la prisión preventiva oficiosa por incumplimiento en los reportes de inventarios (discrepancias mayores al 0.5%), la inversión en software y hardware certificado se ha vuelto el costo operativo más crítico, superando incluso a los gastos de marketing en muchas unidades de negocio.
Perspectiva: eficiencia o extinción
Hacia 2026, con la revisión del tratado comercial con Norteamérica en el horizonte, el sector gasolinero mexicano enfrenta la realidad de que la rentabilidad ya no vendrá de la especulación con permisos, sino de la eficiencia operativa extrema y el cumplimiento normativo impecable. Invertir en una estación sigue siendo negocio, con retornos de inversión del 12% al 19%, pero está reservado para grupos con la espalda financiera y técnica para soportar una “competencia administrada” donde el Estado es juez, parte y proveedor dominante.
