Ambiente, sociedad y gobernanza en sector energético
Por: Yolanda Villegas* y Paul Alejandro*
Hoy en día es tan importante la evaluación de los fundamentales financieros y económicos de un proyecto para tomar la decisión de invertir; como también lo es el cumplimiento de criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa para medir la sustentabilidad de un proyecto.
Los riesgos asociados al no cumplimiento de dichos criterios pueden impactar de forma positiva o negativa a un negocio en sus etapas de planeación; desarrollo, operación y terminación. Debido al creciente interés de las sociedades en materia de los impactos ambientales y sociales; cuya voluntad se ha expresado en acuerdos internacionales como los Objetivos del Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de París, las empresas han despertado gran atención en estos criterios.
Las principales preocupaciones ambientales se encuentran en las afectaciones al medio ambiente, la diversidad, las emisiones de gases de efecto invernadero, y la gestión y control de desechos. Por su parte, entre las principales inquietudes sociales podemos destacar la protección a las comunidades; los derechos humanos, sociales y culturales, y los derechos de consumidor.
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Por último, respecto a las preocupaciones de las empresas en materia de gobernanza corporativa, podemos observar la implementación de estándares para el respeto de los derechos de los trabajadores, la inclusión y respeto laboral. También se identifican estructuras con rendición de cuentas, políticas anticorrupción, transparencia y responsabilidad social de las empresas.
En consecuencia, cada día es más común ver proyectos e inversiones que se implementan a partir de estas preocupaciones en los planes de negocios; o que se utilizan marcos para garantizar un negocio sustentable. Un ejemplo de ello son los Principios de Ecuador de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial; o los Principios para la Inversión Responsable de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Esta es una tendencia que tomará más fuerza en el futuro por venir y que permeará sin duda en el sector energético de México y el mundo. Por esto, para que un proyecto energético se considere viable, éste no sólo deberá mostrar un retorno sobre la inversión atractivo, sino también un programa de cumplimiento sólido en materia de ambiental, social y de gobernanza corporativa.
Yolanda Alicia Villegas cuenta con Maestría en Derecho Internacional por la EGAP del Tec de Monterrey. Fue titular de la Comisión de Energía y Vicepresidenta de la ANADE Nuevo León. Es miembro del Consejo Consultivo Nacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Actualmente, trabaja en Vitol como responsable del área jurídica, regulatoria y de cumplimiento en México. Además, se desempeña como Consejera Nacional de la UANL.
Paul Alejandro Sánchez es Doctor en Política Pública con 12 años de experiencia en el sector energético. Ha participado en los sectores público, privado, social y académico. Actualmente, es director de Ombudsman Energía México y profesor en la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.
