Expropiación Petrolera y Reforma Eléctrica. Por: Manuel Rodríguez González.
Toda gran transformación política, económica o social ha pasado por el ámbito legal; y la expropiación petrolera de 1938 no fue la excepción. Al igual que la actual reforma eléctrica que libra una batalla judicial; en su momento el acto histórico que reivindico la soberanía del Estado Mexicano sobre sus recursos estratégicos, paso por los tribunales.
Hoy como en 1938, el centro del debate en torno al sector eléctrico es el capítulo económico de Constitución y de manera particular el Artículo 27, que establece la exclusividad de la Nación en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional; así, como la propiedad inalienable e imprescriptible de los hidrocarburos.
La historia suele ser cíclica. En la actualidad la defensa de la rectoría del Estado sobre los sectores estratégicos vuelve a estar presente en el decreto por el que se reforman; y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica; cuyos efectos han sido suspendidos por un juez, argumentando que dañaría la competencia y otorgaría ventajas a la Comisión Federal de Electricidad.
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Lo cual no honra a la verdad, porque los privados participan con 60.6 por ciento en el mercado eléctrico mayorista; y la CFE es obligada a competir en condiciones de inequidad y desigualdad, subsidiando a las empresas privadas; con sociedades de autoabasto que le arrebatan con prácticas de dumping el 15 por ciento de clientes.
Detrás de los amparos de los privados nacionales y extranjeros que se niegan acatar las disposiciones de la Reforma Eléctrica, se esconde ganancias estratosféricas, como los contratos onerosos de productores independientes, por los cuales la CFE tendrá que pagar 200 mil millones de dólares en los próximos 25 años; para dimensionar su magnitud, habría que destacar que es superior a la deuda de Pemex heredada por gobiernos anteriores, la cual asciende a 113, 200 millones de dólares. En estos números radica la oposición de los privados para que entre en vigor la Reforma Eléctrica; pero el litigio apenas empieza y llegará hasta el Tribunal Superior de Justica, donde se harán valer los intereses de México.
