Por Alonso Elí de Llanes: El Riesgo de Desmantelar la Autonomía Reguladora en México
La reciente aprobación por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de una reforma que disolvería a cuatro organismos autónomos clave en México representa un peligro significativo para la política energética del país, su competitividad y su posición en el mercado internacional. La desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) podría tener repercusiones graves en varios frentes.
En primer lugar, la disolución de la CNH y la CRE y su absorción por parte de la Secretaría de Energía amenaza con politizar la regulación del sector energético, eliminando la independencia técnica necesaria para tomar decisiones basadas en criterios objetivos. Esto podría desalentar la inversión extranjera, ya que las empresas internacionales suelen buscar garantías de regulaciones justas y transparentes. Algo que un organismo gubernamental podría no ofrecer de manera imparcial.
Además, integrar al IFT en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes podría restringir la competencia y la innovación en el sector de telecomunicaciones. Se trata de un área crítica para el desarrollo económico moderno. Sin un regulador independiente, se corre el riesgo de favorecer a actores establecidos; dificultando el acceso de nuevos participantes al mercado y limitando las opciones para los consumidores.
En cuanto a la Cofece, su incorporación a la Secretaría de Economía podría debilitar la lucha contra prácticas monopólicas y la promoción de competencia justa. Esto no solo impactaría negativamente al consumidor final, sino que también podría infringir los compromisos adquiridos por México en tratados internacionales. Los cuales exigen la existencia de organismos reguladores autónomos y efectivos.
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Reflexionando sobre estos aspectos, aunque los legisladores afirman que estos cambios buscan eficiencia y ahorro, el costo potencial en términos de independencia regulatoria. Competitividad y cumplimiento de tratados internacionales podría superar con creces cualquier beneficio a corto plazo. ¿Es prudente sacrificar la autonomía por eficiencia administrativa? Tal vez sería más sabio fortalecer la capacidad y transparencia de estos organismos autónomos en lugar de desmantelarlos. A segurando así que el país continúe siendo un destino atractivo para la inversión y el desarrollo económico sostenible.
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