El Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica. Por Fluvio Ruiz
Durante la última sesión del pasado periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó los foros del parlamento abierto para el análisis de la iniciativa de reforma constitucional del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia energética y de explotación del litio.
Los foros se realizarán del 17 de enero al 15 de febrero de 2022, en tres formatos: mesas redondas en comisiones, debates transmitidos por el Canal del Congreso y diálogos con la Junta de Coordinación Política (Jucopo). En total, están planeados diecinueve foros, divididos en cinco ejes temáticos:
1) El sistema eléctrico creado por la reforma de 2013,
2) El papel del Estado en la construcción del sistema eléctrico nacional,
3) Los objetivos planteados y los resultados de la reforma de 2013,
4) La constitucionalidad y legalidad de la iniciativa de la Reforma Eléctrica 2021, y
5) El medio ambiente y la transición energética.
Los foros serán transmitidos por el Canal del Congreso. Dependiendo del contexto político general, los foros podrían acercar las posiciones en torno a la iniciativa de reforma o de plano polarizarlas.
En caso de que los foros puedan realizarse en un ambiente de tolerancia y “normalidad democrática”, podrían servir para que ambas posiciones defiendan sus propuestas; sin dejar de atender los argumentos de sus contrapartes.
Los panistas y priístas, es de esperarse que defiendan las reformas de 2008 y 2013, mientras que los morenistas y sus aliados harían lo propio con la iniciativa presidencial. El parlamento abierto también podría servir para aclarar dudas, particularmente del sector privado.
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En el extremo del optimismo, los foros podrían dar lugar a que la mayoría legislativa, aceptara modificaciones a la iniciativa presidencial. Esto sobre todo en los artículos transitorios, los cuales contienen las propuestas más cuestionadas por la oposición y los inversionistas: cancelación inmediata de todos los contratos al entrar en vigor la reforma, desaparición de los órganos reguladores del sector energético, discrecionalidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reconocer o no la legalidad de las sociedades de autoabastecimiento, otorgamiento a la misma CFE de las facultades de planeación del Sistema Eléctrico Nacional y establecimiento de las tarifas eléctricas; así como la reintegración del Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE) al interior de la hoy todavía Empresa Productiva del Estado.
Aquí es importante resaltar que la eventual inclusión de todos los eslabones del suministro eléctrico (generación, transformación, transporte, distribución y abastecimiento) como sectores estratégicos de la Nación en el Artículo 28 constitucional, no implica que únicamente el Estado podría participar en todos ellos.
En efecto, lo que establece dicho Artículo es que, en caso de que el Estado sea el único que ejerza actividades en esos sectores, sus operaciones no se consideran monopolios. Un ejemplo de esta circunstancia son la exploración y producción de crudo, consideradas áreas estratégicas de la Nación, pero en las cuales se permiten diversas modalidades de participación privada a raíz de la reforma energética del gobierno de Peña Nieto.
De hecho, la propia iniciativa presidencial establece que, si bien ya no se otorgarán nuevas concesiones para la explotación del litio por entes privados, se respetarán las ya otorgadas, por lo que la futura actividad estatal en la materia, convivirá con las mineras privadas que ya operan en el país.
