Conocer el costo del delito no es tarea sencilla, pero es vital para poder dimensionar el tamaño real del problema y en consecuencia asignar recursos humanos y materiales, provenientes del sector público o privado, de una forma más eficiente que derive mejores políticas públicas de prevención y erradicación de la delincuencia.
Por: Alejandro Desfassiaux Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial
¿Por qué debemos calcular el costo del delito?
El delito provoca que los ciudadanos y los empresarios se vean obligados a realizar un gasto extra para proteger su patrimonio o su persona; además, las empresas sufren pérdidas de productividad o reducen su inversión, o bien, hablando de transnacionales, llevan sus capitales a entornos más seguros. En el caso de las personas, algunas ven en la impunidad una oportunidad para comenzar a realizar delitos de bajo impacto.
¿Qué se debe considerar para estimar el costo del delito?
En primer lugar, el costo social, como la victimización, ya sea letal o no letal. En segundo lugar, el gasto que realizan hogares y empresas para su propia seguridad. Y finalmente, el gasto público, es decir, el presupuesto asignado para la procuración de justicia y la administración penitenciaria.
Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en América Latina el delito cuesta en promedio un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) a los países de la región. Dicho costo es repartido en promedio por los países de la región, según el BID, de la siguiente manera:
- 42% al gasto público (principalmente en policías),
- 37% a gastos privados,
- y 21% a los costos sociales de la delincuencia.
Es importante subrayar que el costo del crimen en Latinoamérica representa el doble del costo promedio de los países desarrollados.
Por ello, es prioritario conocer el costo del delito, sobre todo cuando el gasto que se realiza en seguridad pública no ha resultado en disminución de las tasas delictivas, lo que sugiere que no se están empleando los recursos financieros y humanos de manera eficiente. Además, es importante considerar nuevos retos, como son la ciberseguridad o la globalización del crimen organizado.
El crimen genera distorsiones en la economía, por lo que es necesario implementar evaluaciones del impacto de las estrategias que buscan prevenir y erradicar el delito, poniendo especial énfasis en analizar el costo-beneficio y costo-efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad pública.
