La reciente mejora en las calificaciones crediticias de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue recibida en los mercados como una señal de alivio, aunque los analistas advierten que más que un voto de confianza a su gestión, refleja la profundización del vínculo financiero entre la petrolera y el gobierno federal. Esta relación garantiza liquidez en el corto plazo, pero acentúa la dependencia estructural de la empresa pública del Estado.
Fitch Ratings elevó la calificación de Pemex de BB a BB+ con perspectiva estable, mientras que Moody’s la mejoró de B3 a B1. Ambas coincidieron en que el ajuste responde al mayor respaldo gubernamental y no a una mejora sustantiva en la rentabilidad o eficiencia operativa. Fitch destacó que la subida se dio tras la exitosa recompra de deuda por 9,900 millones de dólares, financiada con recursos públicos.
La calificadora explicó que el apoyo oficial incrementó la evaluación de Supervisión, Vinculación y Apoyo (OLS), colocando a Pemex solo un nivel por debajo de la calificación soberana de México. En la práctica, el riesgo de la petrolera se percibe casi idéntico al del país, lo que concentra la atención en la solidez fiscal del Estado más que en la gestión empresarial.
De acuerdo con César Augusto Rivera, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la mejora obedece a una política sostenida de apoyo fiscal. La reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y la asistencia de Hacienda en el refinanciamiento de deuda mejoran las condiciones de financiamiento, pero implican menores ingresos para el erario y mayor exposición a los riesgos de Pemex.
Hacienda reforzó su papel de garante con la Estrategia de Capitalización y Financiamiento 2025-2030, que comparte un techo de deuda entre el Estado y la petrolera, difuminando la frontera entre ambas obligaciones.
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Para analistas, la mejora reduce temporalmente los costos financieros, pero no resuelve los retos estructurales. “Si Pemex recupera el grado de inversión, dependerá más de la solvencia del soberano que de su propia gestión”, señaló.
El desafío, coinciden los expertos, será transformar ese respaldo fiscal en una base de eficiencia operativa y sostenibilidad real.
