La declinación constante de la producción de petróleo crudo de Pemex, representa uno de los grandes desafíos de la nueva administración. Esta disminución en la extracción petrolera, muestra el agotamiento de una estrategia que buscó aumentar la producción de hidrocarburos en el corto plazo, sacrificando la exploración y desarrollo de nuevas fronteras geológicas y por lo tanto, el volumen futuro de extracción. Los niveles actuales de producción de petróleo, reflejan también cierta debilidad del potencial geológico del país.
La circunstancia descrita anteriormente, implica la necesidad de adoptar una visión de largo plazo para sustituir al extractivismo, como la lógica imperante en la actividad petrolera desde la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado. En su lugar, resulta imperativo sustentar las labores de exploración, desarrollo y producción. En una perspectiva técnica y económica que tenga como objetivo, la máxima recuperación en el largo plazo, de los hidrocarburos contenidos en los yacimientos.
Abandonar el extractivismo, implica dejar de producir en campos no rentables e incluso importar para abastecer a nuestras refinerías con la calidad de crudo para la que fueron diseñadas. En un ámbito más institucional, debería conducir a evaluar a Pemex -convertida en Empresa Pública del Estado-, por sus resultados económicos y no solo a partir de criterios volumétricos. Ciertamente, la consecución de mejores resultados operativos y financieros por parte de nuestra petrolera, pasa también por aumentar su margen de autonomía presupuestal. Y de gestión para que pueda actuar más como empresa estatal y menos como organismo gubernamental. De ahí la importancia de la legislación secundaria de las recientes reformas constitucionales en materia energética, cuya discusión realiza el Congreso.
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La inversión en exploración y producción, como se contempla en las iniciativas de ley de la Presidenta de la República, puede apoyarse en alianzas con operadores privados o públicos, nacionales o de otros países. Bajo un esquema distinto al que establece el marco legal vigente, el cual favorece sobre todo los ingresos fiscales de corto plazo. Se debe diseñar otro en el que se privilegien las posibles sinergias de Pemex con sus socios. Así como la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos.
También se debe impulsar la transición energética, ayudar a combatir el cambio climático, recuperar la industria petroquímica nacional y propiciar la reconversión de Pemex en una empresa de energía. En un plano más general, es necesario replantear el diseño institucional del sector hidrocarburos y su lugar en el modelo de desarrollo económico.
Ante la declinación, resulta indispensable impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la capacidad de gestión y la formación de recursos humanos. Aprovechando al máximo al Instituto Mexicano del Petróleo. En ese sentido, urge que se cumpla el mandato legal de elaborar las reglas de operación de los fondos presupuestales que deben servir para esos fines conforme a la ley. Las Secretarías de Energía e Innovación tienen esa responsabilidad para evitar que esos recursos, al final de cada ejercicio fiscal, se destinen a otros fines.
Por último, las condiciones actuales de nuestro sector petrolero, parecieran indicar que ha llegado la hora de modificar el sendero singularmente endógeno de su desarrollo. Y con prudencia, diseñar una estrategia de internacionalización de Pemex para complementar su esfuerzo interno para garantizar el abasto de hidrocarburos y derivados.
