América Latina y el Caribe atraviesan una etapa de acelerada expansión en proyectos de petróleo y gas, liderada tanto por compañías internacionales como por empresas estatales emblemáticas de la región, como Pemex en México y Petrobras en Brasil. Sin embargo, esta tendencia avanza en dirección contraria a los compromisos climáticos internacionales y representa serios costos ambientales y sociales, de acuerdo con el informe “El rastro del dinero detrás de la expansión de los combustibles fósiles en América Latina y el Caribe”, presentado este 1 de octubre por diversas organizaciones ambientalistas.
El estudio, elaborado por la ONG alemana Urgewald en colaboración con Arayara (Brasil), FARN (Argentina), Conexiones Climáticas (México) y Amazon Watch, señala que desde 2022 las petroleras han invertido más de 28 mil millones de dólares en exploración de nuevos yacimientos.
Pemex y Petrobras en el centro de la polémica
El reporte destaca que Petrobras concentra el 29% del crecimiento proyectado en producción, seguida de ExxonMobil, YPF, Shell y Pemex. En particular, preocupa el hecho de que las estatales latinoamericanas estén impulsando tecnologías de alto riesgo, como el fracking y la explotación en aguas ultraprofundas a más de 6,000 metros de profundidad.
“Las empresas públicas no muestran señales de transición hacia energías limpias”, advirtió Heffa Schücking, de Urgewald, al señalar que Petrobras obtiene el 98% de sus ganancias de los combustibles fósiles.
El papel del financiamiento internacional
La investigación revela que en los últimos tres años 297 bancos otorgaron más de 138 mil millones de dólares a petroleras que expanden proyectos fósiles en la región. Un 29% de esos recursos proviene de bancos europeos, encabezados por Santander (9,900 millones), BBVA (4,500 millones), HSBC (4,400 millones) y Deutsche Bank (3,400 millones).
El financiamiento no se limita a préstamos. Instituciones como el banco suizo UBS han invertido más de 5,500 millones en acciones y bonos de compañías como Petrobras. Por su parte, los mayores inversionistas institucionales son estadounidenses: Vanguard (40,900 millones de dólares), BlackRock (35,300 millones) y Capital Group (16,800 millones).
Dependencia, deuda y corrupción
La fuerte presencia de capital extranjero muestra la dependencia estructural de las petroleras regionales. “Los bancos e inversionistas ven estas apuestas como seguras porque cuentan con el respaldo estatal”, explicó Mary Mijares, de Amazon Watch, quien recordó los rescates financieros otorgados a Petroperú para garantizar liquidez.
El caso mexicano ilustra este dilema: el gobierno continúa subsidiando a Pemex, pese a que es una de las empresas petroleras más endeudadas del mundo. Además, recientes investigaciones destaparon una red de corrupción que, según estimaciones, causó pérdidas al erario por casi 42 mil millones de dólares, mediante el contrabando de combustibles.
Impacto social y ambiental
Más allá de los números, el informe subraya el efecto sobre comunidades y ecosistemas. En Brasil, el pueblo indígena Mura denunció que la exploración petrolera avanza en sus territorios sin consulta previa ni medidas de mitigación. “Cortaron miles de árboles, contaminaron nuestro río y quemaron mi casa. Seguiremos luchando por nuestros derechos”, declaró el líder Jonas Mura.
La expansión incluye infraestructura masiva: 8,800 kilómetros de nuevos oleoductos y gasoductos, además de 13 terminales de importación de GNL y 19 de exportación. Brasil encabeza los proyectos de importación, mientras que México lidera la planeación de terminales de exportación, especialmente en el Golfo de Baja California, una de las zonas marinas más biodiversas del planeta. “Se quieren construir tres terminales en un ecosistema que es vital para la pesca y alberga cientos de especies marinas”, advirtió Pablo Montaño, de Conexiones Climáticas.
Un llamado a desinvertir
El informe concluye que la expansión fósil en América Latina y el Caribe agrava la crisis climática y posterga la transición hacia energías limpias. Por ello, las organizaciones demandan a bancos y fondos globales retirar sus inversiones y detener el financiamiento a nuevos proyectos petroleros y gasíferos.
“Es urgente cambiar de rumbo. Cada dólar destinado a combustibles fósiles bloquea las oportunidades de un futuro sostenible y justo para la región”, remarcaron los autores.
