El despacho Zamudio Abogados informó que la retención de Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Estados Unidos obedece a una confusión de carácter migratorio y no a una orden de aprehensión emitida por autoridades mexicanas.
De acuerdo con la defensa, Treviño reside legalmente en territorio estadounidense, cuenta con empleo. Actualmente, tramita una solicitud de asilo político, lo que lo hace inextraditable. El despacho enfatizó que no existe ficha roja en su contra, ya que las autoridades de Estados Unidos consideraron que la investigación abierta en México constituye una persecución que vulnera sus derechos fundamentales y el debido proceso.
La firma legal advirtió sobre lo que calificó como “relaciones transaccionales de personas” entre países, realizadas fuera del marco del tratado de extradición. Criticó que se pretenda equiparar el caso de Treviño con el de miembros de la delincuencia organizada que representan un riesgo para la seguridad nacional.
Asimismo, negó que la retención del exfuncionario busque ponerlo a disposición de autoridades mexicanas. Y precisó que no será deportado, pues su caso está siendo revisado por un juez especializado en materia migratoria en Estados Unidos.
Subrayó que, si México lo requiere por declaraciones de Emilio Lozoya —a las que calificaron como falsas—, tendría que solicitar su extradición formalmente, proceso que, afirmaron, sería rechazado por la justicia estadounidense.
Finalmente, el despacho aseguró que la presidenta de México ha recibido información imprecisa e incompleta sobre el caso. Señaló que la confusión que originó la retención ocurrió dos días antes de lo que se ha informado públicamente.
Te puede interesar: Exdirector de Pemex, detenido en EEUU por confusión migratoria
Treviñ Median, quien dirigió Pemex entre 2017 y 2018, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, enfrenta acusaciones relacionadas con el escándalo Odebrecht. Según Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y actual testigo colaborador, Treviño recibió aproximadamente 4 millones de pesos en sobornos para aprobar contratos con la constructora brasileña Odebrecht a través de su filial Braskem.
