Por Alonso Elí de Llanes: Reforma Judicial en México: ¿Peligro o Potencial para la Inversión?
El reciente proyecto de reforma al Poder Judicial promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría tener repercusiones alarmantes en la economía del país, particularmente en sectores críticos como el nearshoring y la energía. En un momento en que México se perfila como un destino clave para el nearshoring, cualquier indicio de incertidumbre legal podría resultar desastroso. Las empresas globales, especialmente las de EE.UU., consideran la estabilidad jurídica un prerrequisito esencial para la inversión. Un Poder Judicial visto como vulnerable a presiones políticas podría llevar a las empresas a buscar alternativas en otros países con marcos legales más robustos y confiables.
El impacto en el sector energético podría ser aún más devastador. México ha atraído importantes inversiones en energías renovables, en gran parte debido a la confianza en un sistema judicial capaz de proteger los derechos de los inversionistas. Sin embargo, con un sistema judicial percibido como politizado, los inversionistas podrían reevaluar sus compromisos en México, afectando no solo el flujo de capital extranjero sino también la transición energética del país. Esto podría retrasar proyectos clave en energías limpias, socavando los esfuerzos de México para diversificar su matriz energética y cumplir con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático.
Además, existe el riesgo de que esta reforma genere tensiones con los socios comerciales de México en el T-MEC, particularmente con EE.UU. y Canadá. La confianza en el cumplimiento de los acuerdos comerciales se basa en un sistema judicial imparcial y confiable. Si los inversionistas perciben que sus derechos podrían no ser defendidos adecuadamente, la relación comercial trilateral podría verse comprometida, afectando a sectores más allá de la energía y el nearshoring.
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Sin embargo, aún hay margen para evitar que estas preocupaciones se materialicen en una crisis. El gobierno mexicano podría implementar salvaguardias para garantizar la independencia judicial y reforzar el Estado de derecho, lo que brindaría a los inversionistas la confianza necesaria para continuar sus operaciones en el país. Establecer un diálogo abierto con el sector privado y los socios comerciales internacionales, además de ofrecer mecanismos claros de resolución de disputas, podría mitigar el impacto negativo de la reforma y asegurar que México siga siendo un destino atractivo para la inversión extranjera.
En resumen, la reforma al Poder Judicial podría tener consecuencias profundas y duraderas en la economía mexicana, alejando inversiones clave en un momento crítico para el desarrollo del país. La independencia judicial no solo es un principio democrático fundamental, sino también un pilar esencial para la estabilidad económica y el crecimiento a largo plazo.
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