Durante la conferencia matutina, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que la aprobación del nuevo Paquete Arancelario tiene como objetivo central resguardar alrededor de 350 mil empleos en México, ante el incremento de importaciones que compiten en condiciones desiguales con la industria nacional.
El funcionario detalló que la medida se enfoca en cuatro sectores estratégicos que han registrado aumentos significativos en las importaciones entre 2022 y 2025: textil y vestido, con un crecimiento de 20.8%; calzado, 22.3%; acero, 12.4%; y el sector automotriz, con un alza de 34.5%. De acuerdo con Ebrard, estas industrias no enfrentan un problema de competitividad estructural, sino que han sido impactadas por la entrada de productos con precios por debajo de los valores de referencia internacionales.
“No es porque no puedan competir, sino porque están recibiendo mercancías con precios artificialmente bajos”, subrayó el titular de Economía al referirse a prácticas de comercio desleal que distorsionan el mercado.
Ebrard explicó que la aplicación de aranceles responde a la necesidad de restablecer un “piso parejo” para las empresas nacionales. Señaló que, cuando existen condiciones equitativas, no hay razón para imponer medidas arancelarias. Sin embargo, cuando el mercado se ve alterado por prácticas como la venta por debajo de inventario o el dumping. «Es necesario intervenir para corregir la desventaja».
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La industria automotriz fue identificada como la más vulnerable, ya que concentra aproximadamente un tercio de los empleos en riesgo. México ocupa el quinto lugar mundial en producción de vehículos. Pero enfrenta una presión creciente por la importación de autos ligeros. Específicamente, los provenientes de países asiáticos que no cuentan con Tratados de Libre Comercio con el país.
Según Ebrard, algunas empresas extranjeras recurren a estrategias agresivas para ganar participación de mercado, desplazando a competidores locales y elevando precios posteriormente. El Paquete Arancelario, afirmó, busca proteger la planta productiva nacional y garantizar estabilidad laboral. «Sin limitar la competencia, sino asegurando condiciones justas para los sectores clave de la economía mexicana».