Estados Unidos extendió el plazo para que continúen las negociaciones sobre la venta de los activos internacionales de la petrolera rusa Lukoil, otorgando poco más de un mes adicional y fijando como nueva fecha límite el 17 de enero. La medida forma parte del proceso derivado de las sanciones impuestas a empresas energéticas rusas en el contexto de la guerra en Ucrania.
El presidente Donald Trump aplicó sanciones contra Lukoil y Rosneft el pasado 22 de octubre, como parte de la estrategia para incrementar la presión económica sobre Moscú tras la invasión. En respuesta, Lukoil decidió poner en venta su red global de activos, que incluye yacimientos petrolíferos, instalaciones de refinación y una amplia red de estaciones de servicio en distintos continentes.
Estos activos están valorados en 22,000 millones de dólares y han despertado el interés de múltiples inversionistas. Entre los posibles compradores se encuentran la firma estadounidense de capital privado Carlyle Group y la petrolera Chevron, que buscan aprovechar la apertura del proceso para fortalecer sus carteras energéticas.
La extensión emitida por el Departamento del Tesoro permite no solo continuar las conversaciones, sino también celebrar contratos contingentes y finalizar trabajos vinculados con la transacción. Esta flexibilización busca facilitar las operaciones en un entorno marcado por sanciones estrictas y restricciones financieras.
En paralelo, el banco de inversión estadounidense Xtellus Partners propuso al Tesoro destinar los ingresos de la venta para compensar a los inversores estadounidenses que resultaron afectados cuando sus participaciones en Lukoil quedaron congeladas tras el inicio del conflicto en Ucrania. De acuerdo con reportes informativos, antes de la guerra los inversionistas occidentales poseían más de una cuarta parte del capital de la empresa rusa. Hasta ahora, el Tesoro no ha comentado esta propuesta.
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Lukoil, afectada severamente por las sanciones, ha enfrentado interrupciones operativas en países como Irak y Finlandia. La empresa había solicitado una extensión del plazo para concluir negociaciones y avanzar en acuerdos que permitan la liquidación ordenada de sus activos en el extranjero.