El gobierno de los Estados Unidos emitió recientemente dos licencias generales históricas que representan la mayor relajación de sanciones contra el sector energético de Venezuela desde 2019, permitiendo a importantes compañías internacionales operar y atraer nuevas inversiones en petróleo y gas.
La primera autorización emitida por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro da luz verde a gigantes como bp, Chevron, Eni, Repsol y Shell para retomar actividades energéticas en territorio venezolano. La segunda licencia habilita a empresas interesadas a negociar contratos de inversión en proyectos petroleros y gasíferos, clave para reactivar una industria que ha padecido restricciones durante años.
Las medidas, cuidadosamente diseñadas, excluyen inversiones provenientes de países como Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, o de entidades sujetas a control de estas economías, en un intento por limitar la influencia de actores geopolíticos considerados adversarios.
Este cambio de política se produce en un contexto de profunda transformación política en Venezuela. Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez, se han intensificado los acercamientos con Washington para dinamizar el sector energético local. El gobierno estadounidense ha señalado su intención de atraer hasta US$100,000 millones en inversiones para revitalizar el crudo y el gas venezolanos.
A pesar de que no se han detallado los roles de todas las compañías globales, llama la atención que Exxon Mobil y ConocoPhillips no figuran en las licencias publicadas, lo que sugiere que podrían evaluar el riesgo del entorno antes de regresar a operaciones en el país, dado su pasado con expropiaciones petroleras.
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Mientras la industria venezolana apunta a una recuperación tras años de restricciones, la región observa con interés el impacto de estas decisiones. En Colombia, donde existe un déficit estructural de gas, autoridades y empresas energéticas han manifestado interés en importar gas venezolano una vez que la infraestructura, como el gasoducto Antonio Ricaurte, esté lista para operar, lo que podría beneficiar el mercado regional.
Los ajustes recientes en la política estadounidense podrían marcar un punto de inflexión para la industria energética venezolana y regional, si las inversiones globales se traducen en proyectos concretos y sostenibles.