Columna: Fluvio Ruiz Alarcón

La estructura del gasto público depende de la orientación ideológica subyacente en quienes definen las políticas públicas. En México, durante los últimos años, se fueron abriendo mayores espacios al capital privado en el sector energético, tanto por razones políticas, como ideológicas. La llegada del nuevo gobierno supone una reorientación en las políticas públicas del sector, tendiente a darle un mayor protagonismo al Estado y sus instituciones. Una de estas es la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

A la CRE, como se reconoce en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, “le corresponde la regulación, otorgamiento de permisos y la supervisión, en las actividades de hidrocarburos para el almacenamiento, transporte y distribución por ducto de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. También, el acceso de terceros a los ductos de transporte y almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados; así como la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos y en electricidad para la generación y establecimiento de tarifas de porteo para transmisión y distribución. Además de la vigilancia de la operación del Mercado Eléctrico Mexicano a cargo del CENACE”.

De hecho, la CRE ha emitido más de 22,600 permisos relacionados con petrolíferos y petroquímicos, comercialización y acceso abierto al transporte por ducto de gas natural, permisos de generación y suministro eléctrico, tarifas de transmisión y distribución de energía eléctrica; así como el registro de usuarios calificados.

Sin embargo, pese a su mayor relevancia como instrumento del Estado para regular la actividad del capital privado en función del interés colectivo y la perspectiva ideológica del nuevo gobierno, para este año, su presupuesto se recortó en algo más de 28% con relación a 2018. Esto ha traído consigo una fuerte reducción del personal que podría llegar, en el extremo, a más del 60%.

Desde la nueva administración, se le recrimina a la CRE una actitud demasiado agresiva contra Pemex a partir de la promulgación de la legislación secundaria de la reforma energética. Con matices, yo mismo he compartido este cuestionamiento, sobre todo cuando la CRE ha emitido resoluciones que contrarían uno de los principios establecidos por Scott Hempling, considerado uno de los grandes teóricos de la regulación, y quien sostiene que el establecimiento a toda costa de condiciones de libre mercado, no puede ser visto como la razón de ser, casi única, de los organismos reguladores. El empecinamiento de la CRE en adelantar y flexibilizar el —hasta hoy inexistente como tal— libre mercado de gasolinas es un ejemplo.

Sin embargo, estas posturas de la CRE estaban en línea —como lo establece la Ley— con la política energética de la pasada administración. De manera que lo que requiere el giro en la orientación de esta política es un organismo regulador fuerte, técnica, jurídica y políticamente hablando. De lo contrario, en el espacio de su responsabilidad, donde no se avizoran cambios legales que reviertan lo establecido por la reforma energética, la CRE podría terminar siendo un simple cascarón administrativo, incapaz de ser un sostén efectivo para la política energética del nuevo gobierno… para beneplácito de los intereses privados.