Columna: Fluvio Ruíz Alarcón.

A inicios de año, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar la Ley de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, un día antes de ser decretada en la Comisión de Energía, el Presidente de la República declaró que se oponía a reformar la ley vigente para no dar pretextos a sus detractores. Tras esta declaración, la resolución se suspendió.

Más allá de las implicaciones de esta posposición en términos de la división de poderes, el hecho en sí constituye una rectificación oportuna de una reforma que podría haberle acarreado a Pemex mayores suspicacias y dudas sobre su funcionamiento en el largo plazo, además de una mayor desconfianza de parte del mundo financiero.

En términos generales, este proyecto contiene planteamientos que son contrarios a las mejores prácticas de gobierno corporativo, al igual que un retroceso en términos de transparencia y rendición de cuentas, como elementos sustanciales del combate a la corrupción. También incluye claros despropósitos, como el de endosarle a nuestra empresa petrolera la responsabilidad de garantizar la seguridad y la soberanía energéticas (que no se definen en ninguna parte). Durante décadas, Pemex tuvo la responsabilidad de garantizar el abasto de hidrocarburos y derivados en el país, pero jamás la seguridad y soberanía energéticas que, obviamente, van más allá de la sola cuestión petrolera.

En la iniciativa, se deja ver una clara confusión sobre la naturaleza de los contratos de exploración y producción a los que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Mientras no haya una reversión de la reforma energética en este tema, la redacción de los artículos 27 y décimo transitorio, de la reforma constitucional de 2013, impide que Pemex acceda a estos contratos que otorga el Estado mexicano, sin participar en las licitaciones correspondientes, organizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En cuanto al Consejo de Administración, la moción pretende quitarle a éste tantas facultades que terminaría supeditado al director general de Pemex y convertido en una especie de Consejo Asesor. El Consejo de Administración perdería, entre otras, su función esencial de ser el responsable de la conducción central y dirección estratégica de las actividades de Pemex, las cuales serían trasladadas al director general, quien incluso podría decidir qué temas hacer del conocimiento del Consejo y cuáles no. Además, los consejeros independientes verían reducido su valor específico frente a los consejeros del Estado, quienes pueden llegar a defender intereses que no necesariamente estén alineados con los de Pemex (el caso obvio es el de los representantes de la Secretaría de Hacienda).

La aprobación del proyecto tendría incidencia en la arquitectura y dinámica sectorial, debido a que la administración de Pemex podría terminar minando la potestad de la Secretaría de Energía en el diseño de las políticas públicas, en materia de hidrocarburos y sus derivados. Esto significaría un retroceso a la época en que se confundían los papeles de quienes diseñaban las políticas públicas, quienes regulaban y evaluaban las mismas y quienes las ejecutaban.

A cinco años de la reforma energética, la suspensión de la dictaminación de esta iniciativa abre un espacio que debe ser aprovechado para una amplia y profunda discusión, tanto sobre la arquitectura institucional del sector hidrocarburos, como de la organización administrativa de Pemex.