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diciembre 15, 2019
Especiales Fluvio Ruiz

La necesaria reforma fiscal petrolera

Por: Fluvio Ruíz Alarcón

El actual Gobierno ha instrumentado diversas medidas para mitigar la difícil situación financiera de Petróleos Mexicanos. Durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año, se realizó una «inyección» de capital de 25,000 millones de pesos, a través de la Secretaría de Energía. Sin embargo, dado el confiscatorio régimen fiscal de Pemex, esta cantidad sería más una devolución fiscal que una verdadera inyección de capital fresco.

No olvidemos que, a raíz de la crisis económica de 1981-82, el Estado modificó de facto el papel de Pemex en el modelo de desarrollo, para convertirla en la principal fuente de ingresos fiscales. Desde el sexenio de Ernesto Zedillo, la carga fiscal de Pemex ha superado el 100% de su rendimiento neto de operación. Es decir, Petróleos Mexicanos ha tenido que endeudarse tan solo para pagar impuestos y derechos a la Secretaría de Hacienda. Por ello, más que medidas coyunturales que parecieran destinadas a tranquilizar al mundo financiero, lo que se necesita es revisar a fondo el régimen fiscal de Pemex, contenido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH).

Esta revisión podría incluir, entre otras medidas, la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), del 65% al 60%, en un lapso de tres años; la actualización periódica del límite de deducción para cada zona geológica definida en la LISH, conforme a sus respectivos costos de producción; el ajuste de la base gravable para la determinación del DUC, introduciendo deducciones como el autoconsumo de hidrocarburos; la definición en la LISH de nuevas zonas de complejidad geológica con un régimen fiscal específico (campos maduros, aguas ultra-profundas, yacimientos no convencionales); la introducción de un porcentaje de recuperación de costos a favor de Pemex, análogo al que se otorga en los contratos de producción y utilidad compartida; la eliminación del Dividendo Estatal; la creación de un régimen especial para el gas natural no asociado, que haga rentable su explotación; una nueva distribución de los excedentes recaudatorios y la modificación de las reglas del Fondo Mexicano del Petróleo y su Reserva.

Ahora bien, en el largo plazo, sólo podremos tener una industria y una empresa petrolera nacional competitiva si están apoyadas en una sólida base científica y tecnológica. Resulta inconcebible que nuestro país, con más de un siglo de historia petrolera, sólo pueda insertarse en el mercado petrolero internacional gracias a su potencial geológico y no a sus capacidades científicas, tecnológicas y de gestión. Consideramos fundamental repensar el papel del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) como factor clave para una política pública que defina metas claras y objetivos específicos para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica del sector.

En el plano fiscal, proponemos incrementar del 0.65% de la renta al 1% del valor de la producción petrolera, el monto destinado para la investigación científica, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos; asignando dicho incremento a financiar las labores del IMP. También, sugerimos que el Ejecutivo Federal asuma, al menos durante un año, el costo de operación del IMP para evitar que siga perdiendo capital humano, en tanto sus finanzas se fortalecen a través de una mayor interacción con Pemex y gracias al cambio fiscal propuesto.Estas propuestas sólo serán viables si forman parte de una amplia, profunda y redistributiva Reforma Fiscal, que dote al Estado mexicano de los recursos necesarios para impulsar el desarrollo sustentable y equitativo del país.

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