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septiembre 15, 2019
Especiales Fluvio Ruiz Oil & Gas

Gasolinas, ¿el mercado imposible?

Por: Fluvio Ruíz Alarcón

Históricamente hablando, la pretensión de crear un mercado libre de combustibles ha sido muy difícil de implementar en México. La destacada investigadora del Colegio de México, Isabelle Rousseau, consigna en su libro «Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales (trayectorias comparadas de Pemex y PDVSA)«; que, en sus inicios, el 85% de los ingresos de Pemex provenían de sus ventas nacionales; estas ventas alimentaban un consumo subsidiado. Así, de 1939 a 1958, la inflación general fue de 459%, mientras que el alza de los productos petrolíferos fue de 185%. Más aún, en el último día del mandato de Adolfo Ruíz Cortines, los precios de los combustibles aumentaron para permanecer «congelados» hasta 1973, cuando fueron incrementados por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.

En el presente siglo, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, intervinieron para regular los precios de los combustibles. De hecho, en el gobierno del segundo, se otorgó la mayor cantidad de subsidios fiscales al consumo de gasolinas y diésel en la historia de México. Tan solo en 2012, se destinaron 348,000 millones de pesos para este fin. Por su parte, en agosto de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto decretó una reducción del 10% del precio del gas LP, cuyos distribuidores estaban obteniendo rentas extraordinarias debido a la estructura oligopólica de ese sector. Al mismo tiempo, aplicó la fórmula de Ruiz Cortines: incrementó y congeló los precios de las gasolinas por el resto del año.

Ahora bien, en la Ley de Hidrocarburos, aprobada en 2014, se planteaba liberalizar el mercado de combustibles en 2018. También, se establecía que Pemex reflejara en los precios sus costos de logística a partir del 1 de enero de 2015, lo cual no ocurrió y Pemex siguió absorbiendo esos costos dos años más. En 2016, se reformó la Ley para que la liberalización iniciara en 2017. La respuesta ciudadana ante el incremento del precio de las gasolinas, obligó al gobierno de Peña Nieto, en febrero de ese año, a implementar un mecanismo regulatorio basado en decretar subsidios semanales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El actual gobierno ha retomado un mecanismo similar para evitar que el precio de las gasolinas se incremente en términos reales. Además, ha planteado la posibilidad de restablecer una red de gasolineras gubernamental para evitar abusos. Sería deseable que, de concretarse, esta red fuera manejada directamente como una filial de Pemex, tal y como lo hacen varias trasnacionales. Asimismo, cada lunes se dan a conocer las gasolineras más baratas y las más caras. Esta información, sin embargo, no parece muy útil, puesto que en los precios finales hay dos componentes que varían de acuerdo a la ubicación de las gasolineras, calidad del combustible y costos de logística. En todo caso, la información que debería difundirse es el margen de utilidad como proporción del precio final al consumidor.

Como sociedad, debemos discutir el nivel social, económico y ambientalmente óptimo de la fiscalidad en los combustibles, que permita reflejar los costos ambientales y desmotivar el uso de los automóviles particulares. Un error en el que no debe caer la izquierda, es el de sumarse al coro de la derecha que pide disminuir, o hasta eliminar, los ingresos del Estado provenientes del consumo de gasolinas. Es importante mantener el nivel impositivo, a condición de que una parte substancial sirva para financiar el transporte público, la transición energética y la preservación del medio ambiente.

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